
Un largo y contundente mensaje publicado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en su cuenta oficial de X, generó un nuevo capítulo de tensión entre el jefe de Estado y sectores del aparato judicial.
La publicación se produjo horas después de que se conociera una carta firmada por la fiscal Lucy Laborde, encargada de la investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro —hijo del presidente—. En el documento, dirigido a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, la abogada expresó sus preocupaciones por la supuesta intromisión de altos funcionarios dentro del proceso penal.
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Ante esto, las palabras del primer mandatario no fueron ambiguas; en toda la publicación negó de forma directa cualquier interferencia en el proceso contra su hijo, y defendió su derecho a pronunciarse como ciudadano: “Yo no interfiero en el proceso de mi hijo, pero tengo todo el derecho de denunciar, cuando se rompe el debido derecho, el Estado de derecho en el caso de mi hijo”.

La reacción del presidente giró en torno a las acusaciones implícitas de la fiscal Laborde sobre decisiones que, en su criterio, afectan su autonomía funcional. Petro respondió con una serie de afirmaciones que apuntan directamente al papel que, según él, cumplió la fiscal en coordinación con figuras políticas de oposición: “No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y neutral”.
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Petro cuestionó de manera abierta la imparcialidad de la fiscal del caso, y acusó una supuesta subordinación a intereses política, en especial el de la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila: “Laborde está subordinada al deseo político de Victoria Dávila y, por tanto, de la oposición. Ya condenó la prensa a mi hijo, y presiona la condena judicial, sedienta de venganza y deseosa que sus dueños del gran capital vuelvan a gobernar a Colombia para ordeñarla, mientras dejan matar a sus hijos. Laborde obedece esos deseos”.
“Laborde no es juez ni investigadora neutral, se demuestra simplemente mirando las fechas del anuncio de Victoria con logo de campaña, y la hora, muchas horas después, del actuar de los funcionarios de Laborde cumpliendo lo anunciado”, agregó el mandatario en su cuenta de X.
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El presidente mencionó el caso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que recibió una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal; sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad, bajo la figura de libertad provisional, mientras continúa el proceso en esa misma instancia. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia ratificó esta decisión.
También acusó una intención política detrás del proceso judicial de su primogénito: “Quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe. Quieren condenarlo porque desean condenarme”.
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El mensaje del presidente fue más allá de la fiscal Laborde y vinculó al fiscal Mario Burgos —que asumió el caso desde el comienzo, pero después fue retirado del mismo—, al que señaló como una figura que supuestamente actúa en favor de intereses políticos y criminales.
“La fiscal de mi hijo no es autónoma, no por su jefe, la fiscal General, sino porque está subordinada a Victoria y su fuente: el fiscal Burgos, el mismo que dejó impune al narco Marset, al borrar su nombre del proceso del asesinato del fiscal Pecci en Cartagena (sic)”, escribió el presidente.

Petro añadió a su extenso mensaje que: “El mismo que obedece a Marta Mancera, la exfiscal general, quien es investigada por sus extraños vínculos con funcionarios de la fiscalía, algunos que dirigen el narcotráfico en el puerto de Buenaventura en asocio con los amigos de Marset”.
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Fiscal del caso Nicolás Petro denunció en una larga misiva irregularidades internas en la Fiscalía General
Estas afirmaciones aparecieron luego de que se conociera la misiva de la fiscal Laborde, que advierte anomalías internas dentro de la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía. En su carta, la abogada señaló que desde Bogotá se estarían respondiendo solicitudes de la defensa de Nicolás Petro de forma oculta.
“Se indique por qué motivo, desde que se solicitó la audiencia imputación de cargos, no se corre traslado a este despacho de las peticiones y sus solicitudes de la defensa; por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la delegada para las Finanzas Criminales, la directora contra el Lavado de Activos y la fiscal de apoyo que ha sido impuesta”, se lee en la misiva.
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La fiscal dejó claro que no ve justificación alguna para la inclusión de una fiscal de apoyo en su trabajo. Explicó que no necesitó apoyo en este caso, y que su traslado a Barranquilla se dio con la finalidad de llevar de forma exclusiva esta investigación. No obstante, mientras ella fue enviada a la capital del Atlántico, la fiscal General permanecía en Bogotá, lejos del escenario procesal.
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