El cierre de la vía Bogotá–Villavicencio, que ya completa quince días, ha provocado una crisis económica y social en la región, mientras aumentan las críticas por la falta de respuesta del Gobierno nacional y del concesionario Coviandina.
El gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey expresó en entrevista con Caracol Radio su frustración ante la ausencia de soluciones y la incertidumbre sobre quién debe asumir la estabilización de la montaña, epicentro del problema que mantiene incomunicados a miles de habitantes y paraliza sectores clave de la economía local.
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Rey detalló en Caracol Radio que, tras dos semanas de emergencia, ni el Gobierno nacional ni Coviandina han dado señales claras sobre la financiación y ejecución de las obras necesarias para reabrir el corredor.
“No sabemos en qué cancha está el balón. La concesión dice que no es su responsabilidad y el Ministerio tampoco da respuestas de fondo. En los PMU participan funcionarios de cuarto o quinto nivel, sin poder de decisión”, afirmó el mandatario, quien también denunció la falta de trabajos de canalización de aguas y mantenimiento de pozos de abatimiento, medidas fundamentales para evitar nuevos deslizamientos.
Las consecuencias del cierre afectan a todos los sectores productivos de la región.
Según datos de la Gobernación, más de mil establecimientos comerciales han cerrado o reducido sus ventas en un 50%.
El sector agropecuario enfrenta dificultades para distribuir productos como hortalizas, papa, frutas y aguacate, mientras el sector avícola reporta riesgos para 5,8 millones de aves en producción.
Comerciantes y habitantes de municipios como Fusagasugá, Chipaque, Cáqueza, Guayabetal, Une y Quetame sufren pérdidas considerables, agravadas por la temporada decembrina, cuando la actividad comercial suele incrementarse.
“Pierde el agro, el comercio, pierde el Llano entero. Villavicencio y los municipios están absolutamente estancados”, lamentó Rey en la misma entrevista.
El impacto del cierre se intensifica por la precariedad de la vía alterna, que solo absorbe entre el 30% y el 40% del tráfico habitual.
Esta situación genera represamientos de hasta dieciséis horas, afectando no solo a transportadores, sino también a estudiantes, pacientes que requieren atención médica y a las comunidades de los municipios bloqueados.
Rey subrayó en Caracol Radio que la falta de un trato preferente para el transporte local y la ausencia de una programación diferenciada profundizan el perjuicio regional.
En el plano técnico, el gobernador advirtió que el material desprendido de la montaña ya alcanza la cuenca del río Une, a cuatrocientos metros de la corona, y que la comunidad vive con temor ante la posibilidad de perder sus viviendas.
Además, denunció la ausencia de comisiones geológicas que monitoreen la situación y la falta de estudios y diseños para obras que permitan recuperar la transitabilidad en el mediano plazo.
“Estuvimos el sábado visitando el sitio y no se han hecho los trabajos de canalización de aguas, no se ha hecho el mantenimiento de los pozos de abatimiento que hay en el sector, que filtran el agua y que ayudan a quitarle peso a la montaña. La montaña se sigue desmoronando. Ya el material llega hasta la cuenca del río Une, que son casi que cuatrocientos metros de la corona de la montaña. La comunidad está muy preocupada. Las casas se les están yendo”, señaló el gobernador al medio radial.
La raíz del conflicto institucional radica en el contrato de concesión con Coviandina, que excluye los puntos de alta inestabilidad geológica, lo que deja en el aire la responsabilidad de ejecutar las obras de estabilización. Rey insistió en que ni el concesionario ni el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) o el Ministerio de Transporte, han asumido la coordinación ni han definido quién debe aportar los recursos. “No hemos tenido ninguna respuesta para saber quién va a poner la plata para hacer esta estabilización de la montaña”, recalcó el gobernador en Caracol Radio.
Ante este panorama, el mandatario hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y al concesionario para que definan de inmediato las competencias y los recursos necesarios para resolver la emergencia. La indefinición institucional y la falta de acciones concretas mantienen en vilo a una región que depende de la reapertura de la vía para recuperar su actividad económica y social.
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