Escuadrones del Ejército en la lucha contra el narcotráfico no podrán operar por tensiones políticas del Gobierno con Israel y Estados Unidos

La decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la compra de armamento a Estados Unidos generó una profunda preocupación en el sector defensa colombiano, al sumarse a la ruptura de relaciones con Israel y dejar a la fuerza pública en una situación de vulnerabilidad sin precedentes.

El impacto de estas medidas se refleja de manera inmediata en la operatividad de unidades élite como los Comandos Jungla de la Policía, que dependen casi en su totalidad de equipamiento, armamento y entrenamiento estadounidense para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

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El equipamiento de los Comandos Jungla ilustra la magnitud de la dependencia: desde el casco kevlar, el chaleco táctico, el cinturón multipropósito, el pantalón, los portaccesorios, las rodilleras y coderas, la reata táctica, la funda para la pistola, los guantes y las botas, hasta el armamento —pistolas Glock y Prieto Beretta, ametralladoras MP-5, rifles M-4, escopetas Mossberg (modelos 500, 590, 591 y Benelli), morteros M-224, ametralladoras M-249, Neguev 5.56, M-60, rifles de francotirador Remington 700, visores nocturnos, geolocalizadores y radios de comunicación— todo es de fabricación estadounidense. Las municiones, de marcas como WCC, LC, LEW y Winchester, también provienen de ese país. La totalidad de la indumentaria y el armamento de estos comandos es de origen estadounidense, lo que evidencia la gravedad de la situación tras la orden presidencial.

El alcance de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos va más allá del suministro de material. Los Comandos Jungla forman parte de un plan triangular de apoyo regional en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, y son entrenados en bases estadounidenses. Los pilotos de helicópteros Black Hawk, pieza clave en operaciones de alto impacto, reciben capacitación en San Antonio, Texas, mientras que los comandos reciben entrenamiento en Miami, Florida, junto a miembros de los equipos Swat de Estados Unidos.

Un alto funcionario del Ministerio de Defensa, que solicitó anonimato en declaraciones a Semana, advirtió que la suspensión de compras de armamento estadounidense representa un golpe directo a la fuerza pública y solo puede interpretarse como un intento de reducir sus capacidades. “Hay equipos que son críticos y que necesitan mantenimiento. Si no se hace, se van a deteriorar. Así se pierde la capacidad y no hay plata para comprar nuevos equipos”, alertó el funcionario, en referencia a los helicópteros Black Hawk, que requieren mantenimiento constante, repuestos, pilotos entrenados, software actualizado y modernizaciones, todos ellos suministrados exclusivamente por Estados Unidos debido a acuerdos contractuales.

Los exministros de Defensa Juan Carlos Pinzón y Diego Molano coincidieron en que la decisión de Petro de prescindir de los dos principales aliados militares de Colombia —Estados Unidos e Israel— responde a una estrategia deliberada de desmantelamiento de la fuerza pública, con el objetivo de transformarla en una estructura similar a la de Venezuela.

Pinzón afirmó al medio citado: “Es evidente que la estrategia de Petro es debilitar las fuerzas armadas, someterlas, arrodillarlas, pero lo más triste es que cada vez que hace eso empodera a la criminalidad”. A propósito, advirtió sobre el riesgo de que los helicópteros queden en tierra en pocos meses, lo que implicaría la pérdida de capacidad para controlar el territorio, movilizar tropas y ejecutar operaciones especiales, así como la merma en comunicaciones y armamento de precisión, afectando gravemente la inteligencia en la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, Diego Molano subrayó que la postura del gobernante de los colombianos busca la pérdida de capacidades de la fuerza pública, sin otra justificación aparente. Detalló que tres áreas se verán especialmente afectadas: los programas de aspersión aérea, erradicación manual e incautaciones —financiados en su mayoría con cooperación estadounidense—; las operaciones navales como Orión, que perderán recursos logísticos; y la adquisición de tecnología y ciberseguridad, crucial para la inteligencia contra el crimen organizado.

A criterio del general (r) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía, la fuerza pública es la principal perjudicada: “La munición se acaba, los equipos necesitan mantenimiento y son muy importantes los recursos de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Esto no es inteligente”, sentenció, en diálogo con Semana, aludiendo al combate contra las drogas, eje de la descertificación de Colombia.

El efecto de las decisiones presidenciales también alcanza a las fuerzas especiales de las Fuerzas Militares. Los Comandos del CCOES (Comando Conjunto de Operaciones Especiales), encargados de combatir a disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, ELN y la Segunda Marquetalia, operan con material bélico estadounidense: fusiles M-4, pistolas Glock y Prieto Beretta, ametralladoras M-60 y prendas de la marca militar 5.11, de origen estadounidense. La ausencia de un plan alternativo inmediato tras la ruptura con los principales aliados militares ya ha generado consecuencias de alto costo.