
Una nueva condena por corrupción sacude a la administración pública de Ibagué: el exalcalde Luis H. Rodríguez Ramírez deberá cumplir tres años y ocho meses de prisión, por ser hallado responsable de irregularidades en la contratación de la interventoría de las obras del estadio Manuel Murillo Toro, realizadas para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2015.
Según informó Caracol Radio, la decisión judicial se produjo luego de que Rodríguez aceptara su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía.
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El fallo, emitido por un juez de conocimiento, se centra en la adjudicación del contrato de interventoría para la adecuación y remodelación del principal escenario deportivo de Ibagué.
Durante su mandato entre 2012 y 2015, Rodríguez asumió la gestión de los procesos de contratación relacionados con los escenarios deportivos para las justas nacionales.
De acuerdo con la información recogida por Caracol Radio, el exalcalde delegó funciones a terceros, quienes, a cambio de sobornos, adjudicaron contratos a determinados oferentes, priorizando intereses personales y económicos por encima del interés público.
Esta reciente condena se suma a un historial judicial que ya incluye dos sentencias previas contra Rodríguez por hechos similares vinculados a la organización de los Juegos Nacionales 2015.

El exmandatario, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por una de esas condenas, ha sido señalado reiteradamente por irregularidades en la contratación pública durante su administración, según detalló Caracol Radio.
Además de la pena privativa de libertad, el juzgado impuso a Rodríguez una inhabilidad de 56 meses para ejercer derechos y funciones públicas, así como una multa equivalente a 133,32 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sanciones que refuerzan el alcance de las consecuencias legales derivadas de este caso de corrupción en la contratación pública.
El proceso judicial, que involucró a varios exfuncionarios y contratistas, expuso una red de irregularidades en la planeación y ejecución de obras deportivas.
La organización de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2015 en Ibagué, Tolima, se concibió como una oportunidad para modernizar la infraestructura deportiva y posicionar a la ciudad como referente nacional.
Sin embargo, la ejecución de los proyectos estuvo marcada por contratos irregulares, adjudicaciones direccionadas y administración inadecuada de recursos públicos, según información de Alerta Tolima.

El Irreverente añade que la Fiscalía General de la Nación identificó múltiples convenios celebrados entre septiembre de 2014 y diciembre de 2015, periodo en el que se habrían presentado soportes falsos y pagos no justificados, lo que derivó en la judicialización de varios supervisores del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Ibagué (Imdri).
El exalcalde Rodríguez Ramírez, quien ocupó el cargo entre 2012 y 2015, fue condenado a 3 años y 8 meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Esta sentencia, la tercera que recibe mediante preacuerdo, se relaciona con la adjudicación irregular de un contrato de interventoría para la remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro. Además de la pena privativa de libertad, el juzgado le impuso una inhabilidad de 56 meses para ejercer funciones públicas y una multa de 133.32 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Rodríguez Ramírez cumple actualmente prisión domiciliaria por una condena previa vinculada a las mismas justas deportivas.
La Fiscalía, citada por Alerta Tolima, señaló que el exalcalde debía ejercer control y vigilancia sobre el uso de los recursos, pero permitió que el gerente del Imdri abriera cuentas de ahorros para administrar los fondos, una acción que no le correspondía y que contradecía los acuerdos establecidos.
Esta irregularidad llevó a Coldeportes (hoy Ministerio del Deporte) a suspender la ejecución de los proyectos hasta que se corrigiera la situación. Además, la investigación reveló que un asesor del entonces alcalde, junto con otros funcionarios y particulares, direccionó la contratación a favor de un oferente específico, restringiendo la participación de otros proponentes y vulnerando los principios de legalidad y transparencia.
En paralelo a las condenas al exalcalde, la Fiscalía imputó el delito de peculado por apropiación a tres exfuncionarios del Imdri: Maritza Fernanda Rozo Riveros, directora administrativa, financiera y técnica; Charfi Adolfo Góngora Mendoza, profesional universitario; y Nicolás Felipe Salcedo, coordinador de eventos deportivos.

Estos exfuncionarios, que supervisaron y autorizaron pagos en varios convenios, habrían permitido la presentación de facturas y cuentas de cobro falsas, lo que facilitó el desvío de recursos. Rozo Riveros autorizó cuatro convenios por $168.190.000, Góngora Mendoza supervisó nueve por $465.125.451 y Salcedo cinco por $153.180.000.
La red de corrupción no se limitó a estos funcionarios. Alerta Tolima informa que la Fiscalía también formuló cargos contra Jaime Humberto Rivera, representante legal de la Unión Temporal Parque Deportivo Ibagué 2015; Melissa Suárez Lafaurie, contratista; Orlando Arciniegas Lagos, contratista de la Secretaría de Hacienda; y Leonardo Valero, asesor municipal.
Los delitos imputados incluyen interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, cohecho propio y concusión. Cada uno de los implicados habría desempeñado un papel clave en la administración y desvío de los recursos destinados a los escenarios deportivos.
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