La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años y seis meses al patrullero de la Policía, John Antonio Gutiérrez Rodríguez, por causar la muerte a dos personas que protestaban en inmediaciones del CAI Verbenal en Bogotá, el 9 de septiembre de 2020, en Bogotá.
El ente de control demostró que, con ocasión a los hechos que se estaban presentando y sin justificación alguna, el policía hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación, impactando a dos manifestantes que perdieron la vida.
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En la decisión de primera instancia, la entidad aseveró que el disciplinado “(…) debía velar por el goce y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida, así como salvaguardar todas las libertades de estos, incluida la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente, evitando al máximo el uso de la fuerza, limitándola al mínimo necesario (…)”.
Agregó que, con su comportamiento, Gutiérrez Rodríguez incurrió en un abuso de poder que atentó contra los derechos fundamentales de las víctimas, utilizando el poder coercitivo del Estado, no para proteger a la ciudadanía ni restaurar el orden, sino para agredir de forma letal sin una justificación válida, vulnerando así el respeto mínimo que toda vida humana merece en una sociedad democrática.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó su falta como gravísima a título de dolo.
Protestas de 2020
Las protestas de 2020 en Colombia surgieron tras la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, evento que impactó al país y provocó manifestaciones en varias ciudades. La jornada inicial comenzó el 9 de septiembre y concentró a cientos de personas en la capital y en centros como Barranquilla, Cali, Villavicencio y Medellín, denunciando el abuso de la Policía Nacional. Según reportó El Tiempo, la movilización que empezó de modo pacífico derivó en enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y detenciones, a medida que aumentaban las denuncias de excesos por parte de las fuerzas antidisturbios
En Barranquilla, 300 personas marcharon desde la Universidad Autónoma del Caribe hasta la Plaza de la Paz. Al final, la intervención de la policía incluyó gases lacrimógenos, lo que empujó a algunos manifestantes a refugiarse en centros comerciales, donde sucedieron detenciones y se registraron denuncias sobre la conducta de los agentes antidisturbios. El Tiempo informó que 13 personas fueron llevadas ante la Unidad de Convivencia y Justicia tras los disturbios de esa noche.
En Cali, los disturbios se intensificaron al avanzar la noche sobre la calle Quinta, produciendo daños en un Comando de Atención Inmediata (CAI) y destrozos en entidades bancarias. Se reportaron también saqueos, incendios y enfrentamientos. El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, pidió moderación a los manifestantes, mientras se organizaban nuevas medidas para la protección de bienes públicos y la seguridad de los ciudadanos.
Villavicencio vivió actos de vandalismo con daños en edificios oficiales, instituciones bancarias y el mobiliario urbano. Según las autoridades locales, el inicio de la protesta fue pacífico hasta que se integraron grupos que atacaron propiedades públicas, lo que derivó en la intervención de la fuerza pública y la captura de 34 personas.
En Medellín, la segunda jornada de protestas se destacó por la quema de vehículos y daños a instalaciones públicas y privadas. El reporte policial incluyó dos capturados, tres menores aprehendidos y varios agentes heridos. Destacó el uso de fuego contra puestos de ventas ambulantes, cajeros automáticos y la agresión a personas ajenas a la protesta. El subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Ómar Rodríguez, señaló que el evento reunió a unas 300 personas y se extendió por más de 10 horas.
Durante los días siguientes, se intensificó el debate nacional sobre la brutalidad policial. CNN informó que organismos de derechos humanos y un informe independiente atribuyeron la responsabilidad de la policía en once muertes y decenas de personas heridas con armas de fuego en solo tres días de disturbios.
Las protestas del 2020 dejaron saldo de daños materiales, denuncias de abuso estatal y un debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad, generando llamados de distintos sectores a reformar la actuación de la policía durante las protestas sociales.
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