La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una sanción propia de 8 años a los siete exintegrantes del último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc por su responsabilidad en 21.000 secuestros.
La decisión de la JEP responde a la magnitud de los crímenes atribuidos a los exlíderes de la guerrilla, quienes deberán cumplir la pena bajo las condiciones establecidas por el tribunal transicional.
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La decisión del tribunal de paz generó varias reacciones en el país. Uno de ellos fue de Pastor Alape, vocero del antiguo secretariado del extinto grupo guerrillero, que reconoció que la decisión de la JEP no generó satisfacción en las víctimas; sin embargo, reiteró su compromiso con lo pactado en el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
“Tenemos respeto por las víctimas. Entendemos que un proceso de estos, no es fácil que todo el mundo lo recoja, lo asimile. Nosotros mismos estamos evaluando la sentencia, hemos dicho que nos sumamos a la decisión que asumimos al firmar el acuerdo de paz, que nos sometíamos a esta justicia”, expresó el exlíder guerrillero en diálogo con Caracol Radio.
Así mismo, aseguró que “el país viene de una situación de polarización muy dura, de unas violencias casi eternas. Este es un paso que nosotros consideramos importante desde la posibilidad de poder sofocar las violencias que nos han acosado históricamente”.
Incluso, aseveró que su responsabilidad en el secuestro de civiles y militares, durante la época del conflicto armado, estará marcado hasta el final de sus vidas.
“Nosotros hemos reconocido que aquí lo central es que se dieron las orientaciones en cuanto al secuestro y es una carga moral que vamos a llevar por muchos años. Mientras respiremos, vamos a tener ese karma, que no se va a olvidar, porque este país, pues le ha tocado unas condiciones muy duras y hay muchas víctimas de este, de este crimen atroz”, expresó Alape a la cadena radial.
Medidas de seguimiento
En cuanto a las medidas de seguimiento ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como el uso de dispositivos de control similares a brazaletes electrónicos, Alape señaló que aún existen aspectos por definir. No obstante, recordó que desde la firma del acuerdo en 2016, los excomandantes han estado sujetos a un régimen de condicionalidad y monitoreo constante.
“Desde que firmamos el acuerdo de paz hemos estado bajo el régimen de condicionalidad y mantenemos un monitoreo permanente. Normalmente con los integrantes del último secretariado, andamos con dos o tres policías permanentemente, que están informando dónde estamos, dónde nos estamos moviendo (...) en la Agencia de Reincorporación y Normalización, tenemos una persona que mantiene un seguimiento permanente de nosotros y a quien hay que firmarle permanentemente nuestra actividad”, explicó.
El exvocero también defendió que la entrega de armas, municiones y explosivos constituyó un acto reparador, complementado por gestos públicos de reconocimiento y perdón en lugares emblemáticos como Bojayá, La Chinita y ante los diputados del Valle. Sin embargo, advirtió que la implementación de los compromisos en los territorios sigue siendo una deuda pendiente.
“Después de nueve años del acuerdo, debíamos estar en 16 regiones transformando las condiciones de las comunidades, pero el Estado no ha cumplido plenamente. No se trata de que particulares reemplacen al Estado, sino de que este llegue a los territorios”, manifestó.
Por último, Pastor Alape insistió en que el proceso de paz debe entenderse como un avance histórico para reducir las violencias, a pesar de la polarización y las críticas persistentes.
Sanciones contra los exjefes de las Farc
El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha marcado un precedente al establecer que los antiguos líderes de las Farc deberán cumplir ocho años de Sanción Propia mediante labores restaurativas, en lugar de penas privativas de libertad.
Esta decisión implica que Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar estarán sujetos a un régimen de restricción de movimientos y vigilancia electrónica, mientras desarrollan tareas orientadas a la reparación de las víctimas y la reconstrucción social.
La sentencia, leída por el magistrado Camilo Suárez Aldana, subraya el carácter histórico de la resolución. Según sus palabras durante la audiencia, “esta justicia les exige mucho más a los responsables que estar encerrados en cárceles: tuvieron que reconocer públicamente sus crímenes, aportar verdad, dar la cara a las víctimas y ahora deberán trabajar en favor de ellas”.
De este modo, la JEP ha impuesto a los excomandantes sancionados la obligación de participar en actividades como la búsqueda de personas desaparecidas, el desminado humanitario, la recuperación ambiental, la construcción de memoria histórica y la realización de actos simbólicos de reparación.
La decisión del tribunal se fundamenta en la declaración de responsabilidad de los exlíderes de las Farc como autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre los que se incluyen secuestro, homicidios, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.
La sanción contempla que, durante los ocho años de cumplimiento, los sancionados estarán bajo supervisión constante, con limitaciones en su movilidad y monitoreo a través de dispositivos electrónicos.
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