La Fiscalía acusó formalmente a Daniel Quintero por caso Aguas Vivas

La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y actual precandidato presidencial, por presuntas irregularidades en la gestión del lote Aguas Vivas, un terreno de alto valor ambiental y urbanístico en la capital antioqueña.

El proceso, que involucra la firma del Decreto 412 de 2023 y la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las actuaciones administrativas y el uso del suelo en la ciudad, según informó El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La acusación, presentada el 16 de septiembre, señala a Quintero por los delitos de peculado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.

De acuerdo con la fiscal Yarlecy Mena, el exalcalde habría participado en un “acuerdo criminal” junto a otros exfuncionarios y particulares, con el objetivo de beneficiar a terceros mediante la alteración de las condiciones de uso del predio Aguas Vivas, también conocido como Ecoparque Las Palmas.

Entre los funcionarios implicados figuran Fabio Andrés García Trujillo, Jasbleidy Pirazán García, Mauricio Valencia Escobar, Juan David Agudelo Restrepo y Rivier Hernando Gómez Cueva, además de empresarios del sector de la construcción y dos firmas que originalmente poseían el lote.

El origen del escándalo se remonta a 2019, cuando el terreno de 146.000 metros cuadrados, ubicado en la Calle 9a Sur #11-16 entre Las Palmas y el municipio de Rionegro, fue cedido a la ciudad como compensación por obligaciones urbanísticas.

El POT de Medellín había impuesto restricciones estrictas a la construcción en este tipo de zonas, catalogadas como ecoparques de borde y quebrada, para preservar sus afluentes y su valor ambiental.

Estas limitaciones impedían prácticamente cualquier desarrollo inmobiliario rentable, lo que llevó a las firmas constructoras a transferir el predio al distrito, con la expectativa de obtener beneficios constructivos en el futuro.

La Fiscalía sostiene que, pese a estas restricciones, la administración de Quintero impulsó modificaciones irregulares al POT a través del Decreto 412 de 2023, con el fin de habilitar el desarrollo del Parque Ambiental Valle del Software, uno de los proyectos emblemáticos de su gestión.

El decreto, firmado el 12 de mayo de 2023 por Quintero y varios de sus funcionarios, establecía parámetros para la construcción de infraestructura pública y privada en el Ecoparque Las Palmas, incluyendo hospedaje para científicos y estudiantes, hoteles de negociación tecnológica y centros de educación digital.

Según el documento, se permitiría la edificación de predios de hasta dos pisos en la zona rural y hasta quince pisos en el área urbana del lote, en aparente contradicción con las restricciones del POT.

El proceso judicial también examina la resolución expedida el 26 de octubre de 2022 por Fabio García, quien ordenó la terminación unilateral del contrato de cesión gratuita y dispuso la devolución del inmueble a los particulares.

La Fiscalía considera que esta actuación fue irregular, ya que García no tenía la competencia jerárquica para emitir tal resolución y no se realizó un estudio previo sobre la conveniencia de finalizar el convenio, pese a que el terreno ya formaba parte del patrimonio de la ciudad.

Según el escrito de acusación, Quintero y García se habrían apropiado del inmueble que los empresarios del sector de la construcción habían transferido a la alcaldía en 2019.

En cuanto a la legalidad de las modificaciones al POT, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 313, reserva la aprobación, expedición y modificación de los planes de ordenamiento territorial a los concejos municipales.

La fiscal Mena subrayó que, a pesar de que se advirtió a la administración de Quintero sobre la imposibilidad de modificar el POT sin la intervención del Concejo, el exalcalde procedió a firmar el Decreto 412 de 2023, lo que constituye, según la acusación, un acto contrario a la ley.

El Tiempo recoge que la Fiscalía argumenta que, mediante la alteración de los documentos oficiales desde 2020, Quintero y sus colaboradores habrían intentado favorecer económicamente a particulares, transformando la cesión gratuita del bien en una compraventa que permitiría pagar más de 40.500 millones de pesos a los antiguos propietarios.

El caso ha puesto en el centro del debate la competencia de la alcaldía para modificar el uso del suelo y la necesidad de respetar los procedimientos legales establecidos para la planeación urbana.

La Fiscalía insiste en que la actuación de Quintero y sus funcionarios desbordó los límites de la ley y vulneró el principio de legalidad que rige la administración pública. El Tiempo señala que el exalcalde se ha declarado inocente de los cargos y que el proceso judicial continúa su curso.

En el escrito de acusación, la Fiscalía concluye que Quintero, al frente de la alcaldía de Medellín, tomó decisiones administrativas que excedieron las competencias asignadas por la Constitución y la ley, apartándose de las obligaciones legales propias de su cargo.