La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para dictar su primera sentencia en el caso de los ‘falsos positivos’ en la región Caribe, un proceso que involucra a 12 exmilitares del Batallón La Popa en Valledupar.
Esta decisión, que se hará pública el jueves 18 de septiembre, representa un hito en la búsqueda de justicia para las 135 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
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El camino hacia esta sentencia se construyó a partir del análisis de nueve informes presentados ante la JEP por entidades estatales, organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos y comunidades indígenas.
La investigación incluyó 61 versiones de exmilitares implicados, 20 inspecciones judiciales a más de 50 expedientes de la justicia ordinaria y penal militar, así como la revisión de archivos de operaciones militares.
Además, se consideraron 13 escritos de observaciones de víctimas, abogados y la Procuraduría, junto con intervenciones orales de miembros de los pueblos indígenas Kankuamo y Wiwa.
La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP determinó que los 12 exintegrantes del Batallón La Popa desempeñaron un papel esencial en la consolidación de patrones criminales. Los exmilitares son:
- Guillermo Gutiérrez Riveros
- Carlos Andrés Lora Cabrales
- Elkin Leonardo Burgos Suárez
- Elkin Rojas, Efraín Andrade Perea
- Manuel Valentín Padilla Espitia
- José de Jesús Rueda Quintero
- Eduart Gustavo Álvarez Mejía
- Juan Carlos Soto Sepúlveda
- Yeris Andrés Gómez Coronel
- Alex José Mercado Sierra
- Heber Hernán Gómez Naranjo
De acuerdo con la JEP, cada uno participó en conductas graves y representativas, sin las cuales el plan criminal no habría prosperado.
Los delitos imputados a estos exmilitares incluyen homicidio en persona protegida y desaparición forzada conforme al código penal colombiano. En el ámbito internacional, la JEP los responsabilizó por crímenes de guerra (homicidio) y crímenes de lesa humanidad (asesinato y desaparición forzada).
La investigación concluyó que los ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil constituyeron crímenes internacionales, según el Estatuto de Roma.
Cabe recordar que la JEP imputó cargos a 15 integrantes del Batallón La Popa, pero tres oficiales retirados —Publio Hernán Mejía, Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha— no aceptaron su responsabilidad y enfrentan un proceso en la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, equivalente a la Fiscalía. Si son hallados culpables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
Esta sentencia marca la primera decisión en el denominado caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, conocido popularmente como falsos positivos.
El fallo abre la puerta a futuras resoluciones en las otras cinco zonas priorizadas, que abarcan las regiones más afectadas por este fenómeno.
Entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, se perpetró un ataque sistemático contra la población civil. Hombres y mujeres fueron asesinados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, en una estrategia destinada a inflar las cifras de éxito militar.
Patrones macrocriminales: así los habrían asesinado
La investigación del subcaso Costa Caribe identificó patrones macrocriminales. Los exmilitares asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados o de ser delincuentes comunes, sin contar con información verificable. Estas acciones se desarrollaron en una alianza con los paramilitares en la región.
El primer patrón criminal consistió en la presentación de bajas en combate de víctimas entregadas por las Autodefensas Unidas de Colombia tras haber sido retenidas o asesinadas.
También incluyó el asesinato de personas señaladas por informantes de colaborar con la guerrilla, la presentación como bajas en combate de detenidos en hechos presuntamente delictivos que luego fueron ejecutados, y el asesinato de miembros de grupos armados heridos o rendidos.
El segundo patrón identificado fue el asesinato de personas en situación de vulnerabilidad. Las víctimas eran seleccionadas bajo la presunción de que la sociedad no reclamaría por su muerte y fueron engañadas con promesas de empleo para luego ser asesinadas.
Este patrón respondió a la presión por mostrar resultados en el contexto de la desmovilización paramilitar. Se ejecutó mediante el asesinato de personas retenidas en puestos de control y el traslado engañoso de individuos desde Barranquilla y Valledupar para presentarlos como bajas en combate.
Por haber aceptado su responsabilidad y aportado verdad, los 12 exmilitares recibirán una sanción restaurativa de entre 5 y 8 años, que no implica prisión. Estos hechos, conocidos en Colombia como falsos positivos, suman 6.402 casos registrados en el país según la Jurisdicción Especial para la Paz.
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