El cierre definitivo de la investigación penal contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, marca el final de un proceso que durante meses puso en entredicho la transparencia en la contratación de servicios de transporte aéreo de la petrolera estatal.
La Fiscalía General de la Nación determinó que no existen pruebas que sustenten las acusaciones de direccionamiento de contratos, lo que deja a Roa sin cuestionamientos judiciales en este caso.
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La denuncia que dio origen a la indagación fue presentada por Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol), que señaló presuntas prácticas irregulares en la adjudicación de contratos de transporte aéreo por parte de Ecopetrol y sus filiales Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos y Oleoducto Central (Ocensa), así como la empresa Helistar.
Según el documento radicado por el abogado Julián Quintana Torres, representante legal de Helicol, la estructura de los contratos habría favorecido de manera sistemática a Helistar, restringiendo la libre competencia y afectando la estabilidad financiera de Helicol, que en 2019 debió acogerse a un proceso de reorganización empresarial.
La acusación sostenía que los contratos se diseñaron para excluir a competidores distintos a Helistar, lo que habría permitido a esta última beneficiarse de negocios por sumas millonarias en detrimento de otras empresas del sector.
Entre los señalados figuraban altos funcionarios de Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar, incluido el propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.
No obstante, tras analizar los hechos y la evidencia recabada, la Fiscalía concluyó que no había méritos para continuar con la investigación.
En la resolución oficial se estableció que “no se observa que su actuar fuera contrario de los principios generales de la contratación, especialmente los de igualdad, moralidad, transparencia, imparcialidad y selección objetiva, como guía de todas las operaciones contractuales adelantadas en el marco de los procesos de contratación para la prestación del servicio de transporte aéreo en helicóptero”. Este pronunciamiento, consignado en el documento de archivo, constituye una de las citas textuales más relevantes del caso.
El ente acusador también enfatizó que mantener abierta la indagación carecía de sustento jurídico y probatorio. En el texto de la decisión se lee: “Así las cosas, no hay razón jurídica, fáctica, probatoria ni dogmática alguna por la cual se deba mantener esta noticia criminal a cargo de un despacho judicial generando más congestión judicial de la existente, a la espera de resultados infructuosos, en pleno desconocimiento de las Normas Rectoras”.
La Fiscalía descartó la existencia de pruebas que acreditaran un acuerdo ilegal entre los implicados. Según la resolución, “no se vislumbra un elemento probatorio directo que permita colegir la existencia del acuerdo ilícito que con tanta convicción afirma la denunciante, con el propósito de manipular las reglas y estipulaciones contenidas en los métodos de elección mencionados, a efectos de consolidar un monopolio en la prestación del servicio de transporte aéreo helicoportado y la consecuente exclusión de sus competidores”.
En cuanto a la participación de Helicol en los procesos de contratación, la Fiscalía señaló que, aunque la empresa no resultó adjudicataria de los contratos, “por razones que pueden estar relacionadas atribuibles con criterios técnicos, económicos o de puntaje en la evaluación de ofertas, sí ha accedido a competir en igualdad de condiciones con Helistar, lo que ya representa un beneficio en términos de apertura o viabilidad de participación”.
Además, se constató que los términos de referencia de los procesos permitieron que los proponentes cumplieran con las condiciones técnicas exigidas.
El archivo de la investigación se fundamentó en la atipicidad de los hechos denunciados, lo que impide que el caso continúe su curso judicial al no encontrarse evidencia de conductas constitutivas de delito.
La Fiscalía subrayó que, tras agotar las actuaciones investigativas y con base en la evidencia física y la información legalmente obtenida, no se encontró el elemento de la acción en los delitos denunciados, por lo que el fiscal delegado ordenó el archivo de la indagación.
A pesar de la decisión, el abogado de Helicol, Julián Quintana, manifestó su inconformidad y anunció que solicitarán el desarchivo de la denuncia, argumentando que cuentan con elementos que demostrarían la existencia de conductas punibles.
Con esta determinación, Ricardo Roa queda exento de responsabilidad penal en relación con el presunto direccionamiento de contratos de transporte aéreo en Ecopetrol, mientras continúa al frente de la compañía, cargo que asumió en abril de 2023.
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