Gobernador de Antioquia cuestionó a la Fiscalía luego de que se aceptaran interceptaciones telefónicas en su contra: “Van a paso de liebre”

El Tribunal Superior de Bogotá declaró legales las interceptaciones a dos números telefónicos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el proceso que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades que se habrían presentado durante su gestión como alcalde de Rionegro.

Al respecto, el mandatario de Antioquia cuestionó a la Fiscalía General de la Nación, considerando que su caso va “a paso de liebre”.

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A través de su cuenta de X, Rendón destacó que en primera instancia se había declarado como ilegales las interceptaciones telefónicas.

“Aunque debo decir que la primera instancia, donde la Magistrada del mismo Tribunal consideró las chuzadas ilegales y además las calificó como desproporcionales, sin motivos fundados, sin existencia de un test de proporcionalidad que ameritara la vulneración del derecho fundamental a mi intimidad, además que no encontró relación entre la investigación judicial y los motivos fundados, no tuvo esta misma difusión por el Alto Tribunal”, precisó Rendón.

En su publicación, Andrés Julián Rendón cuestionó a la fiscal Luz Adriana Camargo y a la delegada en la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, cuestionó que su caso avance, razón por la cual catalogó como “paso de tortuga” los casos contra los exfuncionarios del Gobierno Petro.

“Lo que sí es nuevo, son esta serie de actuaciones de hoy por parte de la Fiscal Camargo y su delegada ante la Corte. Es evidente que van a paso de liebre con mi proceso y a paso de tortuga con las investigaciones a los funcionarios del gobierno Petro”, aseveró Rendón.

El Tribunal Superior de Bogotá, mediante su Sala Penal, analizó la legalidad de las órdenes de interceptación de comunicaciones dictadas dentro del proceso penal contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona.

Después de examinar los argumentos, el tribunal determinó que las interceptaciones se ajustaron a la ley y resultaron justificadas.

A su juicio, las medidas ordenadas eran necesarias y proporcionales, al servir como soporte jurídico para que la Fiscalía General de la Nación continuara sus pesquisas acerca de contratos señalados por presuntas irregularidades, originadas durante la administración de Rendón como alcalde de Rionegro.

La decisión contó con la magistrada Yanet Liliana Martínez Palma como ponente, quien argumentó que las intervenciones de la Fiscalía tenían fundamentos claros y objetivos. Según el fallo de segunda instancia, la investigación se enfocó en los contratos celebrados para la edificación de Centros de Atención al Público en los sectores de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas, en Rionegro. Estos contratos sumaron cerca de 1.270 millones de pesos.

El Tribunal remarcó que las interceptaciones fueron efectuadas dentro de los términos legales establecidos, respetando el debido proceso y asegurando la cadena de custodia. Se subrayó que toda la actuación protegió los derechos del investigado, sin incurrir en vulneraciones desmedidas.

En su pronunciamiento, la Sala explicó que los fundamentos presentados por la Fiscalía resultaron suficientes y se ajustaron a lo exigido por el test de proporcionalidad. Así, se expusieron con claridad las razones para intervenir las comunicaciones del investigado, dado que se pretendía reunir información esencial para el desarrollo de la investigación penal.

La decisión recordó que las intervenciones de comunicaciones solo pueden aplicarse bajo circunstancias excepcionales y siguiendo los lineamientos constitucionales y legales, debido a que implican una afectación a la intimidad.

El expediente revela que la Fiscalía sustentó su solicitud en la denuncia presentada el 31 de agosto de 2022 por una veeduría ciudadana. Algunos sectores políticos atribuyen impulso a esta denuncia al opositor Luis Pérez. La investigación permaneció pausada hasta la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo, quien reactivó el caso.

La denuncia señalaba presuntas irregularidades en la contratación directa con Edeso, una empresa sin experiencia comprobada para la ejecución de las obras, lo que derivó en subcontrataciones y posibles pérdidas para el erario