Se conoce la denuncia que el general Garzón, destituido por Petro, interpuso ante la Fiscalía en 2023 alertando por extorsión: el proceso nunca avanzó

Mientras el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa insiste en la teoría de una presunta alianza entre el general Hernando Garzón Rey, entonces inspector del Comando General de las Fuerzas Militares, con grupos del narcotráfico, el uniformado, que fue retirado del servicio activo en la noche del 10 de septiembre, niega cualquier vínculo ilegal.

De hecho, aunque el general Garzón insistió en varios medios de comunicación que su caso fue puesto en conocimiento del entonces comisionado de Paz Danilo Rueda, en la mañana del jueves 11 de septiembre se conoció que el uniformado también alertó a las autoridades judiciales de la extorsión de la que fue víctima en 2023.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El 13 de junio de 2023, Garzón Rey formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en la que relató los hechos de extorsión y amenazas sufridos en su propiedad, la finca Santa María, situada en la vereda Naranjales del municipio de San José del Guaviare.

En su testimonio ante la Fiscalía, el general detalló que las exigencias económicas y las amenazas comenzaron en junio de 2023.

El 17 de ese mes, un hombre llegó a la finca y, según informaron los trabajadores Wilson Huertas y Jesús García, amenazó con matar a quienes no abandonaran el lugar.

Ante la gravedad de la situación, Garzón Rey contactó a líderes comunitarios para que intercedieran ante los extorsionadores y permitieran que los empleados continuaran con sus labores.

Pocos días después, el encargado de la finca logró ubicar a uno de los sujetos, con quien Garzón Rey conversó por Whatsapp. Durante esa llamada, el individuo le exigió cincuenta millones de pesos a cambio de permitir que la finca siguiera operando.

“Yo le manifesté que no tenía toda esa plata, pero que iba a tratar de conseguir el dinero, que me diera plazo para lograr vender algún ganado y así completar el dinero, me dijo que él iba a consultar con sus jefes con el fin de indicarme si podía seguir trabajando, entonces como a las 2 horas aproximadamente dejo la razón con un vecino JOSE SENET, y la razón era que nosotros si podíamos seguir trabajando”, se lee en la denuncia.

El 24 de junio, la situación se habría agravado cuando otro hombre llegó a la propiedad y reiteró las amenazas, advirtiendo que dispararía a quienes encontrara en los potreros, según informó el general Garzon a la Fiscalía.

Los trabajadores solicitaron al menos poder permanecer en la casa, a lo que el agresor accedió, pero mantuvo la prohibición de trabajar en los campos.

Como resultado, el ganado comenzó a dispersarse hacia fincas vecinas, lo que generó preocupación entre los propietarios de la zona.

“Me tocó decirle al encargado que tratara de ubicar estos sujetos y le gire la suma de dos millones de pesos al encargado, con el fin de que se los entregara a estos bandidos y no siguieran molestando más, un sujeto conocido con el alias de MARTIN del frente primero de las FARC, fue el que recibió la plata y le indico al encargado que podían seguir trabajando”, se lee en el relato.

Sin embargo, al realizar un inventario del ganado, el general detalló que se constató la desaparición de 29 reses, propiedad en sociedad con William Jaramillo y marcadas con el hierro 80-WM. El valor estimado de las pérdidas asciendió a 120 millones de pesos.

Según el general, las disidencias de las Farc habrían hurtado el ganado y lo vendieron sin documentación legal a un comerciante de la región, quien, de acuerdo con su testimonio, era consciente del origen ilícito de los animales y de que la transacción se realizaba con miembros de ese grupo armado.

En cuanto a los testigos de los hechos, Garzón Rey identificó a todos los trabajadores de la finca, en particular a Wilson Huertas, encargado de la propiedad; Jesús García, responsable del ganado; y José Senet, vecino que recibió el mensaje de los extorsionadores.

El general solicitó en su momento a las autoridades judiciales y de policía que extremaran las medidas de protección y reserva sobre la identidad de estas personas, así como de su familia, quienes residen en San José del Guaviare y en la vereda Naranjales.

Sin embargo, según los registros existentes en la Fiscalía General de la Nación, la denuncia se quedó en la etapa de indagación desde el 2023 y nunca se prosperó con las averiguaciones.

De hecho, el último movimiento del ente judicial aparece registrado del 2 de septiembre de 2025, cuando la Fiscalía registró que el proceso se encontraba en “actividad investigativa adelantada por el equipo de trabajo de la Fiscalía u otra acción procesal”.