La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco personas, entre ellas el juez de pequeñas causas Rafael Eduardo Castillo González, el exsecretario de juzgado Dair Enrique Cuadro Crespo, el abogado Breiner Leonardo Gómez Cuadro y dos particulares, Domingo Alberto Altamar Calle y Leonardo Rafael Fuentes González, por su presunta participación en la gestión y cobro irregular de más de 2.500 títulos judiciales en Barranquilla (Atlántico).
El análisis de huellas digitales en la documentación utilizada para respaldar cobros irregulares permitió a las autoridades identificar a los presuntos responsables de ese esquema fraudulento, que habría facilitado el desembolso ilícito de más de 2.000 millones de pesos.
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De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación, los implicados habrían actuado de manera concertada para ejecutar diversas maniobras fraudulentas que les permitieron gestionar la salida de fondos bajo custodia del despacho del juez Castillo González.
Estos recursos correspondían a depósitos y otras obligaciones vinculadas a distintos procesos judiciales. Entre 2016 y 2022, el titular del juzgado y su entonces secretario habrían autorizado el desembolso de los $2.000 millones en favor del abogado Gómez Cuadro y los particulares mencionados, a pesar de que estos no cumplían los requisitos legales ni mantenían relación alguna con los casos asociados a los títulos judiciales.
La investigación reveló que las autorizaciones para los pagos se emitieron con pleno conocimiento de la falta de legitimidad de los beneficiarios. El análisis de las huellas digitales presentes en la documentación que respaldaba los cobros, junto con otras diligencias investigativas, permitió a la Fiscalía sustentar la imputación de los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación contra los cinco señalados.
Ninguno de los acusados aceptó los cargos. Como medida cautelar, Cuadro Crespo, Gómez Cuadro y Altamar Calle fueron enviados a un centro carcelario, mientras que el juez Castillo González deberá permanecer privado de la libertad en su residencia. Por su parte, Fuentes González continuará vinculado al proceso judicial.
Red criminal robaba datos en cajeros automáticos en Barranquilla
El 2 de septiembre de 2025 fue desmantelada una sofisticada red dedicada al robo de datos en cajeros automáticos, que dejó al descubierto la magnitud de las operaciones ilícitas en Barranquilla y Puerto Colombia. Las autoridades lograron identificar que el Grupo de Delincuencia Común Organizado (Gdco) Los Triple 8 obtenía ganancias mensuales que ascendían a $50 millones mediante la sustracción de información confidencial de usuarios bancarios.
La Policía Metropolitana de Barranquilla detalló que la investigación, que se extendió durante ocho meses, culminó con la ejecución de tres allanamientos en los barrios Ciudadela, Las Cayenas y El Limón. En estos operativos, los agentes detuvieron a tres integrantes de la organización y notificaron a un cuarto implicado, quien ya se encontraba privado de la libertad en un centro carcelario.
Las autoridades subrayaron que la participación de reclusos en actividades delictivas externas se ha convertido en una práctica recurrente. El modus operandi de Los Triple 8 consistía en manipular los cajeros automáticos para provocar el bloqueo de tarjetas. Esta maniobra les permitía acercarse a las víctimas bajo el pretexto de brindar ayuda, lo que facilitaba el acceso a las claves personales.
Aprovechando la confianza de los usuarios, los delincuentes sustituían las tarjetas originales por otras y, con la información obtenida, realizaban retiros y transferencias no autorizadas. La Policía Nacional informó que la labor investigativa permitió esclarecer 13 casos de fraude en las dos ciudades, lo que refleja el alcance de las actividades de este grupo, que acumulaba 47 anotaciones judiciales por distintos delitos.
Durante los procedimientos, las autoridades incautaron 54 cédulas de ciudadanía, 11 tarjetas débito y crédito, 30 sim card, 60 fotocopias de cédulas ampliadas al 150%, tres teléfonos celulares y $2.700.000 en efectivo.
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