La Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria para determinar si existió incumplimiento de protocolos por parte de miembros de la Armada Nacional en el ataque a una lancha donde se movilizaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda Pineda.
El incidente, registrado en la madrugada del 8 de septiembre de 2025 en aguas del océano Pacífico, desembocó en la muerte de uno de los asesores de la funcionaria y lesiones a parte de su equipo.
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El proceso fue abierto por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 10 para la fuerza pública, con radicado 1US-E-2025-460336, tras recibir quejas y revisar reportes publicados por diversos medios, incluidas declaraciones del presidente Gustavo Petro en la red social X, y notas difundidas en Semana y W Radio.
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De acuerdo con documentación oficial, la decisión se fundamenta en las facultades conferidas por el artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y sus modificatorias, además de la Resolución 377 de 2022.
En el auto se consignó que el objeto de la indagación será esclarecer si hubo una transgresión de los protocolos de uso de la fuerza atribuidos a la Armada Nacional, institución responsable de ejecutar acciones en el área donde ocurrieron los hechos.
La apertura de la investigación se dio tras conocerse que Luis Fernando Sánchez, que se encontraba acompañando a la alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda, murió durante el ataque al recibir disparos, y otro miembro de la comitiva resultó gravemente herido, según información recolectada por la Procuraduría.
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Es de mencionar que la embarcación transportaba seis personas y transitaba por una zona donde operan grupos armados ilegales.
De igual modo, la Defensoría del Pueblo demandó una investigación rigurosa y recordó a la Armada Nacional y a todas las autoridades su obligación de cumplir los principios del derecho internacional humanitario (DIH), especialmente el de distinción entre civiles y combatientes.
El presidente Gustavo Petro reconoció la gravedad del suceso y señaló incumplimientos en los protocolos oficiales, lo que originó el disparo que ocasionó la muerte de uno de los ocupantes de la lancha.
A su vez, el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, calificó la situación de confusa y relató que las detonaciones provistas por uniformados de la Armada hirieron a la persona encargada de la seguridad de la alcaldesa y causaron el fallecimiento del asesor, hechos que activaron rutas de atención y comunicación entre las autoridades departamentales y nacionales.
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En un comunicado posterior, la Armada Nacional admitió haber realizado los disparos al considerar que la lancha navegaba sin luces, a alta velocidad, en una zona de riesgo y en sentido contrario, lo que provocó la reacción de la unidad de la Infantería de Marina que custodiaba el área.
La institución justificó su actuación aludiendo a la presencia de grupos armados ilegales y su misión de resguardar la vida e integridad de los militares. Informó además que uno de los heridos recibió atención inmediata por parte de un enfermero de combate y posteriormente fue evacuado al hospital de Mosquera.
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La Armada lamentó el desenlace y dispuso el envío de una comisión para verificar los hechos, así como la apertura de una investigación interna sobre la actuación de su personal.
También renovó su llamado a la ciudadanía a cumplir la normativa vigente sobre navegación fluvial y marítima, especialmente en escenarios donde persisten amenazas de actores ilegales.
La Procuraduría General de la Nación analizará toda la evidencia disponible —incluidos testimonios, videos, reportes oficiales y publicaciones de medios de comunicación— para establecer si existió o no infracción disciplinaria por uso excesivo de la fuerza o vulneración de los protocolos institucionales.
El trámite continuará con la práctica de pruebas y la identificación de posibles responsables entre los miembros de la Armada Nacional involucrados, conforme a la ley nacional y los estándares del derecho disciplinario en Colombia.
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