Una controversia política se desató en el Congreso a raíz de las declaraciones de la senadora Paloma Valencia sobre un proyecto legislativo presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Según la congresista, la iniciativa abriría la puerta a que el Gobierno pudiera intervenir medios de comunicación bajo la figura de “infraestructura crítica” en un momento clave de campaña electoral.
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El señalamiento de Valencia generó reacciones inmediatas. En redes sociales, el ministro TIC, Julián Molina, desestimó esa interpretación y aseguró que los alcances del proyecto han sido mal entendidos.
El funcionario escribió: “En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, este artículo incluye a los medios de comunicación, ni a sus contenidos, ni lo hará. La norma está expresamente concebida para proteger la infraestructura crítica que garantiza el derecho de los colombianos a acceder a Internet”.
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La respuesta de Molina buscó precisar el espíritu de la propuesta legislativa. En su explicación detalló que el objetivo del texto es catalogar el acceso a Internet como un servicio público esencial, lo que permitiría al Estado contar con mecanismos legales para garantizar su continuidad en situaciones de emergencia, desastres naturales o riesgos de seguridad nacional.
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El jefe de la cartera de Tecnologías de la Información explicó que la iniciativa se apoya en las competencias que establece la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios. Según dijo, incluir a la red dentro de ese marco normativo daría mayores garantías a la ciudadanía frente a eventuales interrupciones, sin que ello implique facultades sobre los medios de comunicación tradicionales ni digitales.
El ministro también enfatizó que el propósito del proyecto no es interferir en el contenido que difunden los medios. Al respecto, recalcó que la intención de la norma se limita a la protección de las redes, equipos y demás infraestructuras que hacen posible la conectividad en el país. De esta manera, insistió, no se contempla ningún tipo de intervención en el ejercicio periodístico.
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La aclaración se produjo después de que la denuncia de la senadora Paloma Valencia circulara ampliamente en medios y redes sociales, generando inquietudes en sectores políticos y sociales sobre el alcance del proyecto. La congresista sostuvo que la propuesta representaría una amenaza a la libertad de prensa, al permitir que el Gobierno contara con instrumentos legales para tomar posesión de medios en momentos electorales.
Frente a esa acusación, Molina reiteró en su pronunciamiento que los artículos del proyecto no contemplan tal posibilidad. Explicó que la redacción del articulado se centra exclusivamente en el reconocimiento del Internet como infraestructura crítica y que el debate debe enfocarse en garantizar el derecho de los ciudadanos a la conectividad.
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En declaraciones posteriores, el ministro señaló que Internet se ha convertido en un componente fundamental de la vida cotidiana, al ser indispensable para la educación, la salud, la productividad y la comunicación. Por ello, insistió en que se trata de un servicio que debe estar protegido frente a contingencias que puedan ponerlo en riesgo.
El debate legislativo en torno al proyecto de ley se dará en la Comisión Primera del Congreso, instancia en la que reposan actualmente los documentos para su discusión. Allí se espera que congresistas de distintos partidos revisen el alcance de la iniciativa y definan si avanza hacia su aprobación.
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Hasta ahora, la controversia ha puesto en evidencia las diferencias de interpretación sobre el alcance de la figura de “infraestructura crítica”. Mientras algunos sectores consideran que su definición debe precisar con claridad los elementos incluidos, otros advierten la necesidad de que no haya ambigüedades que puedan prestarse a interpretaciones futuras.
En ese contexto, el Ministerio TIC insiste en que el proyecto no tiene relación alguna con medios de comunicación ni con la información que estos difunden. La aclaración de Julián Molina busca disipar las dudas generadas por la denuncia de la senadora Valencia, quien mantiene su preocupación sobre lo que considera un riesgo para la libertad de prensa en medio del escenario político actual.
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