
El debate sobre el presupuesto general de Colombia para 2026 se intensifica en un contexto de incertidumbre política y cuestionamientos sobre la viabilidad financiera de la propuesta del Ejecutivo.
En medio de este escenario, el presidente Gustavo Petro convocó a los coordinadores y ponentes del proyecto presupuestal a una reunión clave, que se celebrará el martes 9 de septiembre a las 6:00 p. m., en la Casa de Nariño, tras su regreso de Brasil.
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La invitación, emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) bajo la dirección de Angie Rodríguez, especifica que la sesión estará presidida por Gustavo Petro y contará con la presencia de los presidentes de las comisiones económicas del Congreso.
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El encuentro se produce después de la visita oficial del mandatario colombiano a Brasil, en la que participó en la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (Ccpi) y sostuvo un encuentro con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La convocatoria refleja la inquietud del Gobierno ante la fragilidad de sus mayorías en el Senado, especialmente tras la reciente derrota en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, cargo que fue asumido por Carlos Camargo.
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Este revés se suma a las críticas provenientes de diversos sectores tras la presentación de la reforma tributaria la semana pasada, lo que sitúa al Ejecutivo ante el reto de sacar adelante dos proyectos económicos de gran envergadura en el Legislativo, en un ambiente donde el respaldo parlamentario no está garantizado.
Durante la semana, además de la reunión con el presidente, los coordinadores y ponentes del presupuesto sostendrán un encuentro adicional con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la Casa Santa Bárbara. El objetivo será analizar la distribución de las partidas presupuestales entre las distintas carteras ministeriales.
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El proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026 ha generado un intenso debate en el Congreso. Varios legisladores expresaron dudas sobre la sostenibilidad financiera de la propuesta, señalando que el presupuesto estaría “desfinanciado”. Se espera que las próximas reuniones permitan acercar posiciones y alcanzar un acuerdo entre los funcionarios y el Gobierno.
En defensa de la iniciativa, Germán Ávila ha explicado que el Ejecutivo prevé recaudar $26,3 billones mediante la reforma tributaria, que contempla modificaciones en el IVA para productos consumidos por personas de mayores ingresos, así como la introducción de nuevos impuestos sobre licores y tabaco.
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El monto total del presupuesto para 2026 asciende a $556,9 billones, de los cuales $501 billones provendrán de recursos de la Nación y $29,6 billones de ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales. Además, el proyecto incluye ingresos contingentes por $26,3 billones, cuya obtención depende de estimaciones que aún no se han concretado.
Ministro de Hacienda abre la puerta a reducir el presupuesto de 2026

El Ministerio de Hacienda sorprendió al Congreso al manifestar su disposición a revisar el monto del Presupuesto General de la Nación para 2026, abriendo la puerta a una reducción que podría oscilar entre $3 billones y $6,9 billones.
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Esta señal, que dista de los $26 billones de ajuste exigidos por algunos legisladores y analistas, generó expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo intermedio que sitúe el presupuesto final entre $550 billones y $557 billones, aunque la decisión última recaerá en el presidente Gustavo Petro.
Durante las recientes mesas de trabajo, el ministro Germán Ávila reconoció ante las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara que los congresistas recibieron numerosas solicitudes para incrementar los recursos destinados a ciertos sectores, lo que evidencia la presión política que rodea la discusión presupuestal.
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En este contexto, el ministro subrayó que el debate sobre el monto del presupuesto y la nueva ley de financiamiento no pueden considerarse de manera aislada, ya que ambos forman parte de una ecuación en la que los ingresos proyectados por la reforma tributaria deben respaldar el nivel de gasto propuesto.
El ministro Ávila enfatizó la necesidad de alcanzar un consenso político, al afirmar que “hay que hacer un acuerdo con el Congreso”, reconociendo que el Ejecutivo no puede imponer unilateralmente el monto del presupuesto.
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Esta postura implica que el desenlace de la discusión dependerá de la capacidad de construir acuerdos entre el Gobierno y el Legislativo, sin perder de vista la urgencia de aprobar la reforma tributaria.
El miércoles 10 de septiembre está previsto que se radique oficialmente la ponencia del Presupuesto General de la Nación, momento en el que se espera que las conversaciones sostenidas entre los congresistas de las Comisiones Económicas y el equipo del Ministerio de Hacienda permitan definir el monto definitivo que será sometido a trámite legislativo.
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