
El concejal Leandro Castellanos, del partido Alianza Verde, lanzó una contundente denuncia pública a través de su cuenta de X: “presuntamente, contratistas del Idiger llevan más de tres meses sin recibir su salario. Son 226 personas, casi la mitad mujeres, que sostienen el trabajo de la entidad y hoy no saben cuándo les van a pagar”.
La queja ha encendido las alarmas en el distrito, al evidenciar una grave falla en el cumplimiento de obligaciones laborales, justamente en el organismo encargado de la gestión de riesgos y cambio climático en la ciudad.
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Castellanos destacó que, pese a que el Idiger dispone de un presupuesto de más de 62.000 millones de pesos, persiste la irregularidad en el pago a quienes llevan a cabo tareas fundamentales para garantizar la seguridad de Bogotá.
En su mensaje, el concejal expresó su incredulidad al respecto: “¿Cómo es posible que no se garantice el pago oportuno a quienes todos los días mitigan el riesgo en Bogotá? No podemos seguir afectando a quienes sostienen el trabajo de la entidad”.
Además, Castellanos anunció que radicará un derecho de petición para revisar la contratación del Idiger y verificar posibles incumplimientos en los pagos.

Los contratistas afectados —226 personas, casi la mitad de ellas mujeres— desempeñan funciones esenciales en campo, en especial de cara a la temporada de lluvias que se avecina en octubre.
Castellanos enfatizó que, si los trabajadores no reciben un pago digno, se pone en riesgo la seguridad y prevención de desastres en la ciudad. “Bogotá no puede darse el lujo de tener a su equipo de gestión de riesgo sin el pago digno de su trabajo. La ciudad necesita garantías, transparencia y respeto por quienes la cuidan”.
La denuncia ha generado sorpresa en la opinión pública y cuestionamientos a la administración del Idiger y a la administración distrital sobre las razones detrás del retraso salarial.
Aunque el organismo tiene los recursos asignados, no está claro qué ocurrió en el proceso administrativo o contractual que ha precipitado el incumplimiento. En respuesta, sectores políticos y ciudadanos demandan explicaciones públicas sobre la cadena de pagos, la ejecución presupuestal y la gestión del riesgo en la entidad.

Y es que este escenario se agrava en un contexto donde el cambio climático y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos obligan a mantener operativa una fuerza de trabajo comprometida con tareas como monitoreo de quebradas, limpieza de sumideros, atención de alertas tempranas y seguimiento a zonas vulnerables.
Cuando estas labores no se reconocen con condiciones laborales mínimas —como el pago puntual—, se pone en entredicho la capacidad de respuesta del Distrito frente a emergencias.
Por último, el concejal Castellanos dejó clara su exigencia: “Bogotá merece transparencia y los contratistas, respeto”. Su llamado al Idiger es inequívoco: “¡paguen ya a sus contratistas!”. De no revisarse este modelo de contratación y liquidación de pagos, la capacidad de gestión puede verse comprometida en un momento crucial para proteger a la ciudadanía frente a la temporada invernal.
De qué se encarga el Idiger
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) es la entidad encargada de coordinar el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC) en Bogotá, actuando como Secretaría Técnica del Consejo Distrital para la Gestión del Riesgo.
La misión de dicha entidad industrializa y dirige acciones estratégicas para fortalecer el conocimiento del riesgo, diseñar políticas de reducción de desastres y promover la adaptación al cambio climático, con el objetivo de proteger a las personas en condiciones vulnerables y avanzar hacia un desarrollo sostenible para la ciudad.
Entre sus funciones, el Idiger presta distintos servicios técnicos claves: elabora conceptos y diagnósticos sobre riesgos para orientar la planificación urbana; verifica la seguridad de sistemas de transporte vertical (como ascensores y puertas automáticas); expide certificados de riesgo para trámites prediales; procesa información de estaciones pluviométricas; y coordina campañas, planes de contingencia y respuesta ante emergencias como inundaciones, incendios forestales y movimientos en masa.
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