A pocos días de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emita sus primeras sanciones relacionadas con los casos de falsos positivos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reiteró su postura sobre la justicia transicional y la responsabilidad de los militares en un video publicado en X.
En la grabación, Uribe sostuvo que las penas impuestas a los miembros de la fuerza pública por delitos cometidos hasta 2016 no deberían superar los cinco años de prisión.
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“No se debe extender el periodo de la JEP y cualquier condena a un militar debe ser posteriormente revisada y, si se confirma la condena, que el periodo de cárcel por delitos cometidos hasta 2016 no sea superior a cinco años. Lo venimos proponiendo hace tiempo”, afirmó.
El exmandatario recordó su actuación frente a los falsos positivos y aseguró que tomó decisiones inmediatas para sancionar a los responsables.
Según relató, en octubre de 2008, tras recibir información del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, sobre la posible responsabilidad de veintisiete altos militares en ejecuciones extrajudiciales, decidió desvincularlos de las Fuerzas Armadas sin demora.
“La reunión con el ministro y su delegación terminó tarde y a las siete de la mañana, o sea, sin demora, le anuncié al país la desvinculación de estos altos oficiales. Con dolor en el alma, porque yo quiero a los soldados y policías de Colombia”, expresó.
Uribe también indicó que ha colaborado con la Comisión de la Verdad en todas las diligencias solicitadas para garantizar transparencia en estos casos. Además, aseguró que, junto con los falsos positivos, han existido denuncias infundadas que buscan desacreditar a las Fuerzas Armadas.
“Así como hubo falsos positivos, infortunadamente, ha habido muchas falsas denuncias para desacreditar a nuestras Fuerzas Armadas”, señaló.
En sus recientes intervenciones, el expresidente también mencionó presuntas presiones de la JEP sobre oficiales para que confesaran delitos que no cometieron.
“Algunos oficiales de nuestras fuerzas armadas se quejan que reciben presiones de la JEP para confesar delitos que no cometieron y evitar que los condenen y los lleven a prisión”, declaró.
El pronunciamiento de Uribe se produce en un contexto en el que la JEP está próxima a tomar decisiones clave sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado, reavivando el debate sobre la responsabilidad de los militares y el alcance de las sanciones en el marco de la justicia transicional.
El proceso de justicia transicional en Colombia avanza hacia una nueva etapa, ya que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para imponer sus primeras sanciones restaurativas a un grupo de 19 personas, entre quienes se encuentran exmilitares y exintegrantes de las Farc, que han admitido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con secuestros y ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos.
Estas sanciones, que oscilarán entre 5 y 8 años, no implicarán reclusión en cárceles tradicionales, sino que consistirán en una restricción efectiva de libertades y derechos, junto con la obligación de realizar trabajos, obras y actividades de carácter reparador y restaurador. La ejecución de estas medidas estará sujeta a un monitoreo riguroso para asegurar su cumplimiento.
La Misión de Verificación de la ONU desempeñará un papel central en este proceso, tras haber recibido el aval del Consejo de Seguridad el 11 de mayo de 2021 para supervisar la correcta aplicación de las sanciones impuestas por la JEP.
El mandato de la misión incluye verificar que las personas sancionadas cumplan con las sentencias y que las autoridades del Estado colombiano establezcan las condiciones necesarias para la ejecución de estas sanciones propias.
El seguimiento de la ONU abarcará tanto el análisis de tendencias generales en el cumplimiento de las sanciones como la observación de casos individuales que revistan especial interés.
Los resultados de este monitoreo se plasmarán en informes periódicos, que serán entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz y servirán como alerta ante eventuales incumplimientos. Además, cada tres meses, la misión incluirá un capítulo especial sobre este tema en su informe al Consejo de Seguridad.
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