
Delegados del Gobierno colombiano para las conversaciones de paz con grupos armados ilegales firmaron nuevos contratos para que continúen con su actividad, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
Entre los contratos más recientes se destaca el firmado con Vera Grabe, que lidera la delegación oficial en la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual está fijado en un monto de $175.000.000 con una duración de siete meses, con término previsto para el 28 de febrero de 2026.
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“El contratista se obliga aprestar a la entidad, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales especializados para adelantar las actividades que le corresponden como jefa de la delegación del Gobierno en el proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en virtud de la designación presidencial y según las instrucciones del presidente de la República y el consejero comisionado de paz”, se lee en la descripción del contrato publicado en la página oficial de la Presidencia de la República.
El acuerdo, de régimen especial, establece que Grabe debe cumplir las funciones propias de su designación presidencial en la mesa de negociación.

Diálogos con el ELN
Lo relevante del caso es que las conversaciones con ese grupo guerrillero se encuentran suspendidas, desde enero de 2025, luego de que la organización armada estuviera involucrada en una serie de ataques en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
“Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo; el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”, expresó en su momento el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

En medio de este tiempo, el presidente Petro había mencionado que una de las posibilidades de reanudar las conversaciones con el ELN en El Vaticano, esto tras su encuentro con el papa León XIV.
“Le agradezco a Cuba, Venezuela y a Cuba, que ha sufrido tanto por haber brindado su territorio para hablar de paz. Pero yo creo que es aquí donde se puede recordar la teoría del amor eficaz en el Vaticano, con sus poderes cruzados, porque obviamente es un mundo de poder, incluso en una comunidad muy cristiana que tiene las reliquias más antiguas del cristianismo”, aseguró el mandatario.
Sin embargo, la reanudación de los diálogos con el grupo eleno pareciera que fuera una opción lejana, debido a los cuestionamientos del jefe de Estado por la posible implicación de la organización armada en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.
“El ELN también aquí está asesinando colombianos. Y es probable, no puedo afirmarlo, que sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero”, había mencionado Petro en su momento.
Ante ello, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, más conocido como alias Antonio García, líder del ELN negó que su organización tuviera relación con el crimen del político colombiano.
“Así de fácil y como por el encanto de unas cuantas palabras armadas en un trabalenguas, el ELN resulta acusado por el Presidente Petro de un acto que no ejecutó. Pues el ELN, cuando hace algo, tiene el valor de responder por lo que hace”, recalcó García en su columna de opinión publicada en la revista Insurrección del ELN.

Otros contratos de negociadores de paz
Sin embargo, Vera Grabe no fue la única negociadora que firmó nuevos contratos con el Gobierno.
A ella, se suma Fabio Valencia Cossio, delegado en los diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, lideradas por Alexander Díaz, alias Calarcá, que suscribió un contrato por $117.000.000 con una vigencia de seis meses, también bajo régimen especial.
“El contratista se obliga a prestar a la entidad, por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para adelantar las actividades como representante autorizado del Gobierno nacional en la mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor de los bloques Comandante Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y frente Comandante Raúl Reyes de las Farc-EP, en virtud de la designación presidencial y según las instrucciones que, verbalmente o por escrito, le imparta el señor presidente de la República o a través de la Consejería Comisionada de Paz”, se lee en el contrato.

En términos similares, Feliciano Valencia, también negociador del Gobierno con las disidencias de alias Calarcá, fue contratado por $117.000.000 para un periodo de siete meses, con finalización el 28 de febrero de 2026.
Por último, Genny Calvo Olmos, delegada del Gobierno con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, también firmó un contrato de $117.000.000 por seis meses, con vencimiento el 2 de marzo de 2026, y en los mismos términos similares a los dos anteriores.

Al igual que los diálogos con el ELN, la situación de los diálogos con las disidencias de alias Calarcá no parece tener diferencias, luego de que el Gobierno Petro responsabilizara al frente 36 de atentar contra un helicóptero de la Policía Nacional en Amalfi, Antioquia, hecho que dejó 13 muertos y varios uniformados heridos.
Sin embargo, tras el lamentable hecho, se conoció que las delegaciones del Gobierno y el grupo armado se citaron en los llanos del Yari (entre el Meta y Caquetá) para evaluar las condiciones de la negociación.
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