La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo ante el ataque armado contra la embarcación en la que se trasladaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda Pineda, hecho que dejó un muerto y varios afectados.
La entidad exigió una investigación rigurosa y recordó a la Armada Nacional y demás autoridades su deber de cumplir los principios del derecho internacional humanitario (DIH).
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El incidente se registró en la madrugada del 8 de septiembre de 2025 en el río Patía Guandipa, una zona de tránsito frecuente de grupos armados ilegales.
Luis Fernando Sánchez, esposo de Jhohana Garcés Tenorio, funcionaria de la Regional Tumaco de la Defensoría del Pueblo, murió violentamente durante el ataque, mientras que un escolta de la alcaldesa resultó herido, según informaron autoridades locales y lo reiteró la propia Defensoría en su comunicado.
En dicho pronunciamiento, la entidad manifestó su solidaridad con Garcés Tenorio y su familia, así como con la alcaldesa de Mosquera y todo su equipo de trabajo: “Acompañamos con toda nuestra solidaridad a Jhohana, a su familia y a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor. Extendemos igualmente nuestra solidaridad a la Alcaldesa de Mosquera y a su equipo de trabajo, quienes también resultan afectados por esta trágica situación (sic)“, comunicó la entidad.
Además, la Defensoría insistió en la necesidad de garantizar una investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido y garantizar el acceso a la verdad y la justicia.
El comunicado publicado en X también enfatizó que las acciones de la Armada Nacional y el resto de las autoridades “… deben estar siempre guiadas por el principio de distinción del DIH”, el cual establece la obligación de diferenciar entre combatientes y civiles en cualquier operación militar.
El pronunciamiento de otras autoridades
Por su parte, la Armada Nacional admitió haber disparado contra una embarcación no identificada en “una situación confusa”, según un comunicado oficial. En este, la institución indicó que una Unidad de la Infantería de Marina se cruzó con una lancha navegando sin luces a alta velocidad y en sentido contrario.
Como respuesta, los militares activaron sus armas, alegando que se encontraban en zona bajo influencia de grupos ilegales y siguiendo los procedimientos relacionados con la protección de la vida y la integridad del personal de la fuerza pública.
De acuerdo con la ARC, producto de los hechos dos ocupantes de la embarcación sufrieron heridas, uno de ellos murió posteriormente. Uno de los heridos fue atendido por enfermeros de combate en el sitio y trasladado al hospital del municipio de Mosquera.
La Armada lamentó lo ocurrido y anunció el envío de una comisión para verificar los hechos, así como la apertura de una investigación interna para esclarecer la actuación de sus efectivos.
También reiteró el llamado a la población para cumplir con la normativa en materia de navegación fluvial, sobre todo en zonas de riesgo donde se mantiene presencia de grupos armados al margen de la ley.
De otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, atribuyó el hecho a un presunto incumplimiento de los protocolos de seguridad por parte de la Armada, situación que derivó en los disparos contra la embarcación oficial de la alcaldesa mientras transitaba la vía fluvial en la zona rural de Tumaco.
Freddy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, explicó a Caracol Radio que las circunstancias exactas aún no están claras y que las autoridades mantienen contacto constante con el Ejército Nacional, la Brigada y el comando de la Marina, buscando claridad sobre lo acontecido.
“Pedimos que la Armada pueda poner todo su dispositivo para esclarecer la situación, y le pedimos a la comunidad de Mosquera comprensión y tranquilidad“, afirmó Gámez.
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