El impacto de los altos precios de la electricidad en Colombia comenzó a sentirse con fuerza en la industria y los hogares, al punto que se posicionó como el país de la electricidad más costosa de América Latina, según un informe de Energy Master.
El estudio, liderado por Alejandro Ramírez, CEO de la compañia, reveló que la tarifa promedio en Colombia alcanza 0,200 dólares por kilovatio hora (kWh), una cifra que no solo supera a la de sus vecinos regionales, también rebasa el costo industrial de Estados Unidos, donde el valor ronda los 0,135 dólares/kWh.
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Esta diferencia implica que una empresa colombiana paga actualmente casi 50% más por cada kilovatio consumido en comparación con una compañía norteamericana. De acuerdo con el análisis de Energy Master, esta brecha afecta directamente la competitividad de la industria nacional, el poder adquisitivo de los hogares y la capacidad del país para atraer inversión extranjera. Ramírez advirtió que “el costo de la energía se convirtió en el nuevo impuesto silencioso de la competitividad. Quien no lo entienda, quedará fuera del mapa de inversión”.
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Hace una década, Colombia destacaba en la región por su matriz hídrica y tarifas intermedias, lo que la hacía atractiva para la inversión. Sin embargo, esa ventaja se desvaneció. Mientras países como Chile lograron reducir sus precios al quintuplicar su capacidad de generación solar y eólica, el país incrementó su dependencia de plantas térmicas, que resultan más costosas debido al uso de combustibles fósiles.
La evolución de las tarifas en moneda local evidencia aún más la magnitud del problema. Entre 2015 y 2025, el precio de la electricidad en el territorio colombiano aumentó 68%, pasando de COP$465 a COP$780 por kWh. En el mismo periodo, Perú registró un alza de 35%, México de 27% y Chile de 26%. Como consecuencia, un empresario textil en Medellín, Cali o Bogotá paga hoy hasta 35% más que un competidor en Santiago, una diferencia que puede determinar la viabilidad de exportar o quedar excluido del mercado internacional.
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El informe de Energy Master identificó una serie de factores detrás de este incremento. Cada episodio de sequía obliga a activar plantas térmicas, lo que incrementa el consumo de gas y la necesidad de importar gas natural licuado (GNL), elevando los costos. Además, la presión sobre las reservas nacionales se intensifica: según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al cierre de 2023, Colombia contaba con apenas 6,1 años de reservas probadas de gas, lo que anticipa una mayor dependencia de importaciones en menos de una década.
El retraso en la transición energética agrava la situación. Más de 80 proyectos eólicos y solares en el departamento de La Guajira permanecen paralizados por la falta de infraestructura, especialmente la línea de transmisión Colectora. En este contexto, Ramírez subrayó: “Colombia paga hoy el costo de no haber construido transmisión a tiempo. Los proyectos existen, pero la energía no puede fluir”.
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El estudio enfatizó que las empresas no pueden depender exclusivamente de soluciones estatales. Por lo que recomienda avanzar en eficiencia energética —mediante motores optimizados e iluminación LED—, fomentar la autogeneración solar, que permite ahorrar hasta 30% gracias a la Ley 1715, y apostar por el almacenamiento en baterías, fundamental para asegurar la continuidad y aprovechar precios bajos en horas valle. Según Ramírez, “estas tres jugadas son la nueva póliza empresarial: menos kilovatios comprados, más generación propia y capacidad de almacenamiento”.
La conclusión del informe es contundente: el desafío no es técnico, sino de voluntad política y social. Sin acuerdos con las comunidades y una estrategia definida, la transición energética continuará estancada. Ramírez advirtió que “no solo estamos pagando tarifas más altas: también elevamos el riesgo de un desabastecimiento. Si no se actúa ahora, la seguridad y la soberanía energética estarán en juego”.
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