Estas son las diferencias, y las semejanzas, entre las propuestas de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en salud, seguridad, corrupción y paz

Colombia vivirá el domingo 31 de mayo una jornada crucial en pro de determinar su futuro político para el próximo cuatrienio. Tres perfiles, que representan en sí tres modelos distintos de país, se pelean, según las más recientes encuestas, la posibilidad de dirigir los destinos de la nación para el periodo 2026-2030; todo esto en medio las preocupaciones en la opinión pública por el legado que dejará tras su salida el progresista Gustavo Petro Urrego.

El oficialista Iván Cepeda y los opositores Paloma Valencia y Abelardo de La Espriella pondrán en consideración de más de 41 millones de ciudadanos sus propuestas, en un escenario a todas luces atípico: pues no se registró al menos un debate en la que sus ideas de cómo gobernar pudieran ser rebatidas. Contrario a lo sucedido en otros comicios, en esta ocasión los cálculos electorales cerraron cualquier posibilidad de discusión en un entorno público.

Ante la necesidad de conocer en detalle qué plantean los aspirantes en aspectos considerados transversales, Infobae Colombia recopiló, a grosso modo, las propuestas de cada uno en materia de orden público, salud, corrupción, paz y política social. Y destacó los aspectos más importantes de cada aspirante, pues uno de ellos tendrá el reto, salvo sorpresas, de ser, a partir del 7 de agosto, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

La izquierda continuista versus la derecha fragmentada: en líneas generales

Mientras Cepeda, en representación de la izquierda, busca darle continuidad a programas del Estado enfocados en la protección social y la paz territorial, Valencia y De la Espriella tienen, a su modo, dos visiones distintas desde la vertiente contraria; que en el caso de la senadora del Centro Democrático, apuesta a una derecha más tecnocrática en la gestión pública eficiente, y en el abogado, hace énfasis en un plan más radical, basado en la autoridad.

En efecto, cada cual imagina un modelo de Estado con sus particularidades. El aspirante progresista tiene como premisa transformar el modelo estatal bajo tres pilares: el primero de ellos, acabar con la intermediación para frenar la corrupción; seguido de la reestructuración de las Fuerzas Armadas mediante el enfoque de “seguridad humana” y democratizar el control institucional, con el acceso directo de los ciudadanos al aparato público.

Valencia enfoca su plan de acción en el uso de herramientas digitales avanzadas para modernizar el Estado. Por ello, incentivará el uso de la inteligencia artificial para hacer una gestión más eficiente; eliminará entidades duplicadas o innecesarias para bajar impuestos y reactivar la economía, al incentivar la depuración administrativa, y apostará por una sanción judicial, en la que los delitos tengan consecuencias reales y rápidas, a través de la mano dura.

Y De la Espriella se centra en una política de mano dura que busca eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para sustituirla por tribunales especiales y el apoyo de reservistas en seguridad, junto con la implementación de la extinción de dominio exprés para golpear las finanzas criminales. A su vez, entre sus propuestas más sonoras, propone la construcción de diez megacárceles para desmantelar las estructuras delictivas, al estilo Nayib Bukele.

En síntesis, el candidato progresista busca un Gobierno más redistributivo y orientado a la vida, en el que se incentivará la entrega de reconocimientos: una forma nueva de llamar al asistencialismo. En contraste con sus contendores, pues la congresista propende a un organigrama más eficiente y austero, con la reducción del aparataje gubernamental, y el abogado a un Estado más punitivo, con un endurecimiento extremo del sistema penal.

¿Qué proponen Cepeda, Valencia y De la Espriella sobre salud?

Una de las diferencias más visibles en los planes de gobierno de cada uno está en el papel de las Entidades Promotoras de Salud, conocidas como las EPS y el de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que durante la administración Petro han adqurido especial relevancia, por la manera en que el jefe de Estado, ante lo que llamó bloqueo legislativo, ha querido reformar el sistema por decreto.

En ese sentido, Cepeda fortalecería el modelo impulsado por el Ejecutivo: el de acabar con toda intermediación financiera y girar los recursos de forma directa a hospitales y centros de atención primaria. A diferencia de Valencia, que no plantea eliminar las EPS sino depurarlas, impulsando un modelo mixto y un plan de choque que descongestione el sistema; y De la Espriella, que adelantará auditorías forenses y pondrá topes al gasto de gestión.

En efecto, la congresista del Centro Democrático es defensora de un sistema híbrido con herramientas digitales. Su propuesta central es una Historia Clínica Única Digital y el uso de grandes volúmenes de datos para anticipar brotes, optimizar recursos y permitir acceso directo a especialistas mediante plataformas, con la meta de evitar el “paseo de la muerte” que se registra actualmente en diferentes centros hospitalarios de Colombia.

Mientras que el abogado ultraderechista ha sido enfático en expresar que parte de que el problema central está en la corrupción, por eso, además de las auditorías a todas las entidades, está decidido a sacar adelante el modelo de “salud con gerencia”: con contratación de los mejores operadores privados para la prestación del servicio, con cárcel inmediata para los que desvíen los recursos que son destinados, entre otros, a compra de medicamentos.

Como se puede apreciar, ambas propuestas distan de la que ha buscado la actual administración del fortalecimiento del sistema público y ha puesto el foco en la medicina preventiva en zonas rurales y el control estatal reforzado sobre los giros de la Adres. Es decir, la promoción de los llamados CAP: los Centros de Atención Primaria o Centros de Atención Prioritaria en Salud, la base de la revolución que adelanta el Ejecutivo por vía administrativa.

Seguridad: el choque entre el uso de la tecnología, la reforma estructural y la mano dura contra el crimen

En el tema de orden público, la senadora ha enfocado su plan de acción en una “seguridad de resultados” basada en la implementación de la IA, el uso de drones y reconocimiento facial para blindar ciudades y, del mismo modo, recuperar el control territorial en áreas rurales. En ese orden de ideas, su esquema suma una reforma judicial para fortalecer a entes como la Fiscalía e impedir que capturados recuperen la libertad por tecnicismos.

Esta visión del asunto contrasta con lo planteado por el congresista oficialista, que se ubica en un punto distinto de la discusión. En su plan de gobierno esbozó la idea del concepto de “seguridad humana”, en el que prioriza la vida sobre la propiedad, plantea sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y orienta la inteligencia al desmonte de las finanzas de las mafias del narcotráfico, antes que al combate frontal en el terreno.

En tanto, De la Espriella tiene en mente una reforma estructural más extrema. Con su propuesta de “mano firme y choque”, que hace parte de su plan de gobierno “Patria Milagro”, estaría enfocado en dar más facultades a la fuerza pública y, con ello, en su intención de reducir los controles que, según su visión, limitan a los soldados, al igual que recuperar el orden mediante autoridad absoluta y derrota militar de insurgencias y redes del narcotráfico.

¿Vigilancia o castigo? El asedio final contra la corrupción en Colombia

En lo que respecta a la transparencia en el manejo del Estado, Valencia –pupila del expresidente Álvaro Uribe– busca la trazabilidad como método. De hecho, su propuesta estrella es usar blockchain para que cualquier ciudadano siga desde el celular el destino de cada peso de un contrato público, además de eliminar la contratación directa, permitida hoy, y así las nóminas paralelas, con un Gobierno capaz de operar solo con funcionarios de planta.

Aunque coincidiría con la senadora en la importancia de controlar los recursos del Estado, Cepeda trasladará ese control a organizaciones sociales, a través de su enfoque de “vigilancia popular”, que fortalecería a los sindicatos y juntas de acción comunal como veedores de recursos y vincularía la corrupción con las mafias políticas. De esta forma, propone eliminar el financiamiento privado de campañas para impedir la coacción de contratistas.

En el otro extremo, De la Espriella espera llevar a cabo lo que ha llamado una “purga institucional”, en la que ha propuesto tribunales especiales anticorrupción, incluso con jueces sin rostro si fuera necesario, como ocurrió en la década de los 90 en Colombia. Esto iría de la mano con la “muerte civil” efectiva para todo aquel funcionario o empresario que resulte implicado en sobornos y la expropiación exprés de bienes para reparar al Estado.

Paz en Colombia: tres visiones distintas bajo la estela del fracaso de los procesos de negociación

Por su parte, en materia de paz y justicia, Cepeda –exmiembro negociador del Gobierno en el fallido proceso con el ELN– es el defensor más claro del Acuerdo de Paz de 2016 y de la Paz Total. Su propuesta se apoya en la implementación de la reforma rural integral, la sustitución voluntaria de cultivos y el diálogo con todos los actores armados, con una defensa explícita de la justicia transicional y del perdón social como mecanismo de cierre.

En este aspecto, vale precisar, que el senador del partido de Gobierno, el Pacto Histórico, ha sido bautizado como el arquitecto de esta política, ya que desde su posición en el Senado y como presidente de la Comisión de Paz del legislativo, colaboró en el diseño, impulso y coordinación de esta iniciativa: que, en teoría, tiene como objetivo transformar los territorios y propiciar diálogos simultáneos con diferentes grupos armados ilegales.

Valencia se mueve sobre una fórmula de “paz con justicia y verdad”, pues si bien no tiene entre sus planes deshacer los acuerdos firmados por el Estado, sí está dispuesta a reformarlos para evitar, según ella, impunidad; en especial al impedir la participación política de responsables de delitos de lesa humanidad hasta el cumplimiento de penas efectivas. Esto se suma al uso de alternativas a la aspersión aérea para la erradicación de cultivos.

De esta forma, no está dispuesta a prolongar los procesos de negociación con estructuras armadas, pues priorizará que el Estado recupere el control de todo el territorio mediante el uso de la fuerza pública, sin conceder estatus político a las organizaciones criminales. Prevé, a su vez, la revocatoria de beneficios jurídicos para los miembros de grupos armados, la eliminación de la figura de gestores de paz y, con ello, la reactivación de las órdenes de captura.

Como se prevé, el abogado de ultraderecha tiene una postura aún más radical, pues cuestiona de frente a la JEP y a los acuerdos vigentes con extintas estructuras como las Farc, a la par que sostiene que la paz solo puede llegar por sometimiento a la justicia ordinaria o derrota militar y propone quitar prebendas a los que continúen delinquiendo, con prioridad en la dignidad de las víctimas antes que en la reintegración de victimarios a la sociedad.

De la Espriella estaría dispuesto incluso a la creación de una “primera línea de seguridad”, integrada por militares retirados y reservistas, que recupere el control territorial mediante operaciones militares directas. Ya prometió que no negociará con grupos armados ilegales, pues los considera objetivo militar, con la firme intención de imponer la autoridad del Estado mediante la fuerza de la ley y las armas; en síntesis, “sometimiento, cárcel o muerte”.

El modelo social también divide: la brecha entre subsidios, renta básica y la visión de la comunidad Lgbt+

En la política social, Valencia defiende una revolución educativa basada en bonos escolares y educación técnica desde la secundaria. Asimismo, en materia de género, promueve la independencia económica de la mujer mediante emprendimiento y crédito, y frente a la comunidad Lgbt+, aunque Juan Daniel Oviedo, su fórmula vicepresidencial, hace parte de ella, en lo personal defenderá el modelo de familia tradicional y su oposición a la adopción igualitaria.

Esto dista de forma diametral de Cepeda, que promueve una agenda de justicia social más amplia. El senador del Pacto Histórico incluye renta básica ciudadana para hogares en extrema pobreza, además de la gratuidad total en educación superior pública y plan de gobierno más definido en la protección de la población diversa, con el apoyo al matrimonio igualitario, la identidad de género y las políticas de paridad obligatoria en el Estado.

Por último, De la Espriella enfoca su política en una rebaja de impuestos para estimular eempleo bajo la idea de que el trabajo es el mejor programa social. En el plano cultural, defiende la familia nuclear; es decir, la compuesta por padre, madre e hijos como eje fundamental de la sociedad, por lo que rechaza lo que denomina “ideología de género”; una postura que, en su caso, en el pasado fue flexible, y ahora lo enfrenta con movimientos progresistas.