El representante a la Cámara David Racero, integrante del Pacto Histórico, quedó bajo indagación del Ministerio del Trabajo debido a su papel como propietario de un establecimiento comercial en el sur de Bogotá.
La averiguación en contra de Racero se centra en la manera como se ofreció una vacante laboral en la tienda llamada La Cosecha del Campo, donde presuntamente no se habrían respetado las normas laborales vigentes.}
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De acuerdo con la información conocida, la Dirección Territorial de Bogotá fue la encargada de abrir el procedimiento. La actuación se radicó a finales de mayo de 2025 como parte de una investigación administrativa en primera instancia. Según se documentó, el proceso inició el 27 de ese mes, justo después de que se revelaran detalles sobre la oferta de un cargo en el negocio de Racero.
La polémica surgió por un aviso que convocaba a un trabajador para cumplir con labores de cajero con una remuneración de un millón de pesos. Además del manejo de caja, la persona debía encargarse del aseo del lugar y de la preparación de pulpas de fruta, cumpliendo jornadas de 13 horas al día, seis veces por semana, sin prestaciones sociales. El congresista señaló que el establecimiento estuvo abierto únicamente durante cinco meses en el año 2020.
La documentación que sustenta la investigación incluye audios y reportajes periodísticos en los que, presuntamente, Racero promocionaba la vacante en cuestión. Los inspectores de trabajo y seguridad social recopilaron estas pruebas para adelantar la pesquisa, que se suma a otros casos en los que figuras públicas cercanas al Gobierno han sido objeto de investigaciones por asuntos de contratación laboral.
Entre los ejemplos recientes está la indagación contra la exjefa de gabinete y excanciller Laura Sarabia, señalada de incumplir con obligaciones laborales relacionadas con su exempleada Marelbys Meza. Tanto en ese caso como en el de Racero, los procesos han sido liderados desde direcciones territoriales del Ministerio y no directamente por la administración central, que recientemente tuvo un relevo en la jefatura con la salida de Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.
El legislador fue notificado formalmente en junio, a través de un correo remitido a su cuenta oficial en la Cámara de Representantes. Como parte del proceso, también se consideró la realización de visitas sorpresa al local comercial, aunque estas se detuvieron de manera interna hasta conocer la determinación del Consejo de Estado, que estudia una investigación paralela sobre los mismos hechos.
Racero entregó su versión a la revista Semana, donde manifestó: “La investigación la abrió de oficio el Ministerio y he podido responder cabalmente, sobre todo aclarando un sinnúmero de imprecisiones y desinformación malintencionada que han pretendido generar (...) He estado atento a todo tipo de requerimiento, yo mismo he solicitado que se investigue ante las diferentes instancias”.
El expediente en el Consejo de Estado examina si el parlamentario habría asignado funciones ajenas a la labor pública a uno de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). En particular, se analiza si un conductor de la UTL fue utilizado para transportar víveres hacia el fruver, lo que configuraría un uso indebido de personal financiado con recursos estatales. Ese funcionario ya fue llamado a declarar.
Al estallar la controversia, el representante sostuvo que únicamente daría explicaciones ante los organismos competentes y describió las denuncias como un “linchamiento político”. También explicó que la tienda fue un proyecto familiar afectado por las dificultades económicas de la pandemia y que por ello tuvo que cerrar en el mismo 2020.
El Ministerio del Trabajo tiene un plazo de hasta tres años para resolver la investigación. Esto implica que la decisión final podría conocerse como máximo en mayo de 2028. Sin embargo, el trámite dependerá también de la agenda judicial y administrativa, por lo que se prevé que antes de agosto de 2026 no haya un desenlace definitivo.
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