La senadora María José Pizarro, integrante del Pacto Histórico y precandidata presidencial, manifestó su desacuerdo con la reciente determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) respecto al partido Progresistas.
El CNE avaló la personería jurídica de la colectividad, pero supeditada al cierre de los procesos sancionatorios abiertos contra el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), situación que la congresista calificó como una restricción indebida a sus derechos políticos.
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El pronunciamiento de la legisladora se dio el 5 de septiembre a través de sus redes sociales, luego de recibir la notificación oficial del CNE. Según relató, la decisión no solo afecta a Progresistas, sino que sienta un precedente en la manera en que se otorgan personerías jurídicas en el país. “Estos derechos deben garantizarse plenamente y no pueden ser condicionados de ninguna manera”, expresó la congresista en declaraciones difundidas por El Espectador.
La parlamentaria explicó que la condición impuesta por la autoridad electoral desconoce el principio de igualdad frente a otras colectividades que han accedido a la personería en circunstancias similares. Recordó los casos de partidos como Dignidad, liderado por Jorge Enrique Robledo; Ada, de Paulino Riascos; y Fuerza de la Paz, de Roy Barreras. Según Pizarro, en esas ocasiones no se impusieron restricciones pese a que también existían procesos disciplinarios o administrativos en curso.
En su intervención, la senadora señaló que el condicionamiento constituye una limitación al derecho a elegir y ser elegido, además de una vulneración a la participación política de quienes respaldan su proyecto. Resaltó que la decisión del CNE genera incertidumbre sobre la participación de Progresistas en futuras contiendas electorales, en especial de cara a las presidenciales y legislativas de 2026, donde se espera que esta colectividad tenga un papel dentro del Pacto Histórico.
De manera paralela, Pizarro advirtió que no se quedará únicamente en la vía del reclamo público. Afirmó que acudirá a instancias judiciales para buscar que se garantice la participación de Progresistas sin restricciones. “Actuaré con determinación para cumplirle a la democracia y al pueblo de Colombia”, afirmó, en palabras citadas por El Espectador. La congresista aseguró que usará todos los mecanismos jurídicos disponibles para defender los derechos de su organización política.
El trámite de la personería de Progresistas se remonta a finales de 2023, cuando Pizarro, junto con los representantes Heráclito Landínez y David Racero, presentó la solicitud ante el CNE. El objetivo era consolidar una plataforma con identidad propia dentro de la coalición de gobierno, en línea con los acuerdos alcanzados tras las elecciones de 2022. Para sus impulsores, el reconocimiento formal es clave no solo para participar en la contienda de 2026, sino también para acceder a financiación estatal y espacios de difusión en medios de comunicación.
La decisión adoptada por el CNE establece que el otorgamiento del reconocimiento a Progresistas solo tendrá efectos plenos una vez el MAIS resuelva los procesos sancionatorios que enfrenta en el organismo. Según la autoridad electoral, esta medida busca evitar duplicidad de personerías jurídicas que puedan derivarse de escisiones partidarias mientras persisten trámites pendientes.
Frente a esta interpretación, Pizarro sostuvo que la medida desconoce la jurisprudencia y la práctica aplicada en otros casos recientes. “Lo que encontramos es un trato desigual frente a partidos que surgieron de divisiones similares y que sí recibieron el reconocimiento sin condicionamientos”, reiteró la legisladora en diálogo con El Espectador.
La controversia surge en un contexto en el que varios sectores del Pacto Histórico buscan fortalecer su autonomía política con miras a 2026. Progresistas aspira a ser un actor con representación propia en las listas y coaliciones, en articulación con otras colectividades de la alianza oficialista. La restricción impuesta por el CNE, sin embargo, deja en suspenso la estrategia de consolidación que venían adelantando sus dirigentes.
Analistas consultados por medios nacionales han señalado que, de mantenerse esta condición, Progresistas enfrentaría obstáculos para participar en la elaboración de listas, recibir financiación estatal y contar con representación en órganos de control electoral. Por ello, la ruta judicial anunciada por Pizarro se perfila como el próximo escenario de debate sobre el futuro de la colectividad.
El CNE, por su parte, no ha emitido una explicación detallada sobre las razones que motivaron la diferencia de trato frente a otras agrupaciones políticas. El pronunciamiento oficial solo se limitó a notificar la decisión a los solicitantes, lo que dejó abierto el camino para las acciones legales que la senadora y sus aliados ya preparan.
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