El proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno de Gustavo Petro, que busca recaudar $26 billones para financiar parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, cuyo monto inicial es de $556,9 billones y debe ser aprobado por el Congreso de la República, ya generó preocupación en distintos sectores sociales y económicos, debido a su potencial para transformar la vida cotidiana de millones de familias.
Entre los aspectos más debatidos de la propuesta se encuentra la inclusión de un impuesto a los combustibles, una medida que, según el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, representa “probablemente el proyecto que más va a afectar a las familias colombianas de todos los que se han presentado durante todos los últimos años”.
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Al respecto, el dirigente advirtió que el alcance de este impacto va mucho más allá del precio de la gasolina, ya que incide de manera directa en el costo de la canasta familiar y en la competitividad de la economía nacional.

Y es que el proyecto, actualmente en discusión, introduce un impuesto a los combustibles que, en palabras del líder gremial, “significa que la totalidad de los transportes que se van a realizar en nuestro país, es decir, el transporte de personas o el transporte de alimentos, va a verse afectado por este impuesto en particular”.
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Efectó dominó de la reforma tributaria
Así las cosas, la medida, al gravar un insumo esencial para el transporte, genera un efecto dominó sobre los precios de bienes y servicios básicos. “Vamos a tener un solo impuesto que va a afectar toda la canasta familiar”, enfatizó al resaltar que el incremento en los costos de transporte se trasladará a los productos de consumo diario.
El impacto de la reforma no se limita a los hogares. Los pequeños negocios y las pequeñas empresas, que dependen del transporte para movilizar tanto a su personal como a sus productos, enfrentarán dificultades adicionales para operar. Mac Master advirtió que estas empresas “no lo van a lograr hacer”, lo que podría traducirse en una pérdida de competitividad y en mayores obstáculos para quienes intentan exportar productos colombianos.
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“Va a afectar también a los productores que logran exportar o que intentan exportar nuestros productos al quitar la competitividad y al generarle mayores costos logísticos”, explicó el presidente de la Andi.
Preocupación por la clase media
La clase media, en especial los empleados formales, también se encuentra en el centro de las preocupaciones. Recordó el empresario que este grupo es el que más tributa en el país, ya que “al ser trabajadores formales, en forma automática les descuentan, por la vía de retención a la fuente, los impuestos”. El aumento de los costos de vida, sumado a la presión fiscal, podría erosionar aún más el poder adquisitivo de este segmento, que ya soporta una carga impositiva considerable.
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El sector turismo, que en los últimos años fue declarado de importancia nacional y se perfiló como una alternativa para la generación de divisas, también se verá afectado. Mac Master señaló que el turismo depende en gran medida del transporte, especialmente terrestre, y que el encarecimiento de los combustibles repercutirá en la movilidad de los viajeros.
Además, otros sectores vinculados al turismo, como el de bebidas y licores, alimentos y entretenimiento, experimentarán incrementos en sus costos operativos, lo que podría frenar el crecimiento de una industria que ha sido clave para la economía colombiana.
Las repercusiones de la reforma alcanzan incluso a la administración de edificios, un rubro que, de acuerdo con el dirigente, también sentirá el peso de los nuevos impuestos y sobrecostos energéticos.
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Sobretasa de la energía
Al mismo tiempo de la reforma tributaria, el Gobierno creó una sobretasa a la energía del 20%, lo que “termina generando un sobrecosto importante a muchísimas actividades”. Dicha medida, sumada a las recientes decisiones sobre el gas natural, agrava el panorama para empresas y consumidores. Colombia, que hasta hace poco era autosuficiente en gas natural y pagaba facturas de entre $16.000 y $32.000, ahora debe importar este recurso, regasificarlo y asumir facturas que pueden alcanzar los veinte o veinticinco dólares. El encarecimiento de la energía y el gas impacta de manera directa en los costos de producción y en el valor final de los bienes y servicios.

Crecimiento del presupuesto
El trasfondo de estas medidas se encuentra en el crecimiento sostenido del Presupuesto General de la Nación. Entre 2022 y 2026, el presupuesto pasará de $352 billones a $557 billones, lo que representa un aumento acumulado del 57%. Los incrementos anuales fueron del 19,9% en 2023, 19% en 2024, 3,9% en 2025 y 6,5% en 2026.
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Dicho crecimiento, calificado por Mac Master como “exagerado”, generó una presión fiscal cada vez mayor sobre hogares y empresas. “El Gobierno le está pidiendo esfuerzos a los hogares colombianos. El Gobierno le está pidiendo esfuerzos a las empresas colombianas, pero no hace esfuerzos por reducir el gasto”, criticó el dirigente al cuestionar la falta de medidas para contener el gasto público.
El análisis del presupuesto como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) revela una tendencia similar. En 2022, el presupuesto representaba el 24,1% del PIB, mientras que desde 2024 la cifra ronda el 30%. Para el presidente de la Andi, la situación exige una revisión profunda del gasto estatal: “El Gobierno tiene que reducir el gasto innecesario, el gasto suntuario y el gasto relacionado con intereses electorales. Colombia tiene que encontrar el nivel máximo que podemos financiar”.
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