La Corte Constitucional se encuentra evaluando el futuro de la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. La discusión surgió luego de la demanda presentada contra la Ley 2131 de 2024, aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Gustavo Petro el 29 de mayo de ese año.
La decisión sobre la constitucionalidad de esta norma tendrá impacto directo en la protección animal y en el futuro de una tradición popular que divide a la sociedad colombiana. No obstante, la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, que impulsó la ley esperan que el fallo “esté del lado de la ciudadanía y la defensa de los animales, y no de la tortura”.
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La demanda, que fue admitida el 1 de julio, quedó en manos del magistrado Juan Carlos Cortés y solicitaba declarar inconstitucional la ley argumentando que el Congreso de la República violó el principio de unidad de materia y desconoció el procedimiento legislativo.
El texto aprobado por el Legislativo que se convirtió en la Ley 2131 de 2024 prohíbe de manera expresa las corridas de toros a nivel nacional, con un periodo de transición de tres años. En ese lapso, algunas prácticas asociadas podrán continuar de forma excepcional bajo control del Estado e incluye sanciones administrativas para quienes incumplan la prohibición y contempla mecanismos sociales, educativos y laborales para acompañar a las comunidades afectadas por el cambio normativo.
No obstante, desde los movimientos animalistas, la ley representa un paso concreto para la protección de los animales y responde a compromisos internacionales en la materia.
Para ellos, la tauromaquia simboliza violencia y crueldad; mientras que gremios taurinos y defensores de la “tradición” sostienen que la prohibición impacta el sentido de pertenencia y la economía de varios municipios, especialmente donde las ferias taurinas son fuente de empleo y dinámica turística.
Según Cormanizales, al año se realizan en Colombia cerca de 78 eventos taurinos en 19 departamentos. Bogotá, Manizales y Cali concentran buena parte de estas actividades concentrando miles de empleos directos e indirectos dependen de la operación de plazas de toros, organización de ferias y servicios asociados.
Y es que uno de los ejes del debate es el mecanismo de reconversión propuesto para regiones que dependen económicamente de la tauromaquia. La ley incluye programas de apoyo para quienes se dedican a este sector e impulsa la transformación de plazas en escenarios dedicados a la cultura, el deporte y otras expresiones artísticas con los que se busca reducir el impacto social durante la transición.
Por su parte, la Asociación Animal Libre Colombia y otros colectivos han solicitado a la Corte Constitucional un pronunciamiento rápido, respaldando el avance de la legislación en materia de bienestar animal. Líderes taurinos, en cambio, pidieron la convocatoria de una audiencia pública para exponer la importancia de garantizar la diversidad cultural y los derechos de las minorías afectadas por la prohibición.
La disputa se suma a una serie de acciones sociales y legales que en los últimos años han alimentado la discusión sobre el lugar de la tauromaquia en la Colombia contemporánea. Desde la expedición de la Ley 84 de 1989, que recoge deberes estatales de protección animal, las tensiones entre tradiciones y derechos fundamentales han acompañado el debate jurisprudencial en el país.
Entidades como la Defensoría del Pueblo han presentado conceptos ante la Corte Constitucional, invitando a encontrar un equilibrio entre intereses culturales, económicos y los derechos de los animales. La decisión del alto tribunal marcará un precedente para la regulación de prácticas culturales que generan controversia entre distintos sectores sociales.
El expediente permanece abierto y el magistrado Cortés revisa los argumentos de constitucionalidad, los antecedentes parlamentarios y el contexto internacional sobre bienestar animal y tradiciones culturales. Sin embargo, el pronunciamiento de la corte sentará las bases legales para la relación entre tradiciones culturales y protección animal en Colombia.
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