
Un cruce de declaraciones se registró este martes 2 de septiembre entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, en torno a la financiación y cobertura del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
El pronunciamiento de Toro, a través de su cuenta de X, surgió luego de la alocución televisada del jefe de Estado, en la que presentó los avances de su Gobierno en materia educativa.
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Durante su intervención, el presidente señaló que en varios departamentos del país se estarían presentando irregularidades con el manejo de los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes.
En su mensaje aseguró que en Tolima el dinero no llegaba a los beneficiarios y sugirió que situaciones similares ocurrían en otras regiones, entre ellas, el Valle del Cauca.
“Se están robando la plata en algunos departamentos. No en todos. Ahí gobernadores que saben lo que eso significa para la niñez y la juventud de su departamento, pero hay otros que son terribles. En el Tolima el dinero que entregamos del PAE no llega a los niños. Creo que pasa lo mismo en otros departamentos, como el Valle del Cauca, y otros. Se puede mirar claramente. Es un crimen. ¿Cómo así que el Gobierno da la plata y no se vuelve comida? ¿A dónde se va la plata, a comprar votos", dijo.
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Poco después, la mandataria departamental utilizó su cuenta en la mencionada red social para aclarar el panorama en su departamento.
Toro explicó que el Valle del Cauca asegura cobertura total del programa, beneficiando a más de 111.000 estudiantes en instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados.
Según precisó, el Departamento Nacional de Planeación le otorgó la máxima calificación a la ejecución del PAE en esa región.
En su pronunciamiento, la gobernadora también detalló la composición del financiamiento.
De acuerdo con las cifras expuestas, cerca del 76 % de los recursos provienen de la administración departamental, mientras que el aporte de la Nación alcanza aproximadamente un 24 %.
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A juicio de Toro, esta inversión ha permitido garantizar continuidad y calidad en la operación del programa en el territorio vallecaucano.
“¿Sabía usted, Presidente, que el Valle del Cauca es el único departamento en el que se garantiza el PAE con cobertura total a 111.123 estudiantes? ¿Sabía usted que la cobertura impacta a los estudiantes de cero a once en todas instituciones de los municipios no certificados en el Valle? ¿Sabía que El PAE en el Valle del Cauca ha sido calificado con 100 sobre 100 por el DNP del Gobierno Nacional?” Si no lo sabía, se lo cuento y de paso, le cuento que el costo de ese programa lo asume en un 76 % el Departamento y los recursos que nos envía la nación son apenas un 24 % del programa, escribió.
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El señalamiento de la mandataria fue interpretado como una corrección directa a las afirmaciones del presidente.
En su mensaje insistió en que las cifras son verificables y que la ejecución se realiza con criterios de transparencia.
“Esas son las cifras, señor Presidente, un plan ejecutado con trabajo, cumplimiento y transparencia, infórmese o pídale a sus asesores que le entreguen las cifras antes de señalar sin fundamento. Le pido que respete al Valle del Cauca y que me respete”, concluyó.
La controversia llegó hasta el Consejo de Ministros. El diario El Tiempo informó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, leyó en esa instancia el mensaje publicado por Toro y pidió una explicación al ministro de Educación, Daniel Rojas.
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Sin embargo, el jefe de esa cartera prefirió desarrollar su presentación sobre el sector sin referirse de inmediato al tema.

Solo al concluir su exposición, Rojas presentó un gráfico en el que se evidenciaba el aumento progresivo de los recursos de la Nación destinados al PAE en los últimos años.
Según dijo, el incremento de la inversión nacional respalda los avances en cobertura de la alimentación escolar.
El intercambio de mensajes entre el presidente Petro y la gobernadora del Valle refleja las tensiones alrededor de la financiación y ejecución del PAE, un programa que resulta fundamental para garantizar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y que suele estar en el centro del debate público por su alcance social y la magnitud de los recursos que administra.
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