Habló la abogada que denunció a María Patricia Balanta por acoso laboral: “Lo que viví en su momento no fue fácil”

Natalia Giraldo Fernández, abogada y exfuncionaria judicial, confirmó que presentó una queja disciplinaria contra la magistrada María Patricia Balanta por presunto acoso laboral. Su pronunciamiento se dio a través de un comunicado público, tras conocerse en medios la existencia del proceso, que permanece bajo reserva en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La denuncia, presentada en 2024, señala que Balanta habría ejercido presión indebida sobre Giraldo durante 2023, afectando su permanencia en el cargo y su salud emocional. El caso cobró atención nacional debido a que la abogada figura como una de las tres personas postuladas por la Corte Suprema de Justicia para integrar la Corte Constitucional, en remplazo del togado José Fernando Reyes.

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Giraldo se refirió a los hechos en una declaración escrita en la que expresó que la filtración del proceso la sorprendió. Señaló que no puede referirse a detalles específicos debido a las restricciones legales, pero confirmó que la denuncia existe y que su decisión no fue sencilla.

“Confirmo que la queja fue presentada el año pasado y que su radicación ha representado para mí un paso importante, pues lo que viví en su momento no fue fácil. Denunciar nunca es sencillo, pero lo hice convencida de que era la manera correcta de defender mi dignidad y mis derechos”, indicó.

En el mismo comunicado, Giraldo aseveró que su único interés es que el proceso avance con transparencia y que se resuelva de acuerdo con los principios de justicia. También pidió que la Comisión actúe con independencia y objetividad: “Han pasado varios meses desde su presentación, y mi único interés es que el trámite avance en debida forma, sea analizado con total transparencia y que se resuelva en favor de la justicia y de la protección de los derechos laborales”.

Cabe destacar que el caso se remonta a hechos ocurridos en 2023, cuando Giraldo alertó al Comité sobre presuntas conductas ejercidas por la magistrada Balanta. Según la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la situación empeoró luego de la desaparición de la funcionaria Katherin Hernández, en noviembre de ese año, pues el ambiente laboral se tornó tenso, y la denunciante presentó su renuncia el 13 de noviembre, la cual se oficializó al día siguiente.

De acuerdo con el expediente, Giraldo informó que sufrió episodios de ansiedad y depresión como resultado de la presión ejercida en su entorno laboral. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del comité interno, que trasladó el caso a la autoridad disciplinaria al no encontrar una solución.

La víctima insistió en su mensaje que su interés no se relaciona con el momento político que vive la magistrada Balanta, que aspira a llegar al máximo tribunal constitucional, en cambio, dijo confiar en que las instituciones actúen con rigor, más allá del cargo que ocupe la persona investigada.

“Como abogada y como ciudadana, creo firmemente en la importancia de que estos procesos se desarrollen con independencia, objetividad e imparcialidad, en beneficio no solo de quienes denunciamos, sino de la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, señaló y agregó, “reitero que mi interés no es otro distinto a que se haga justicia”.

Hasta ahora, la abogada María Patricia Balanta no se ha pronunciado públicamente sobre el proceso y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial informó que el caso continúa en etapa preliminar, en la que se evalúa si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal; en esta fase, no se han adoptado decisiones de fondo.

La denuncia toma especial relevancia por coincidir con el proceso de selección de un nuevo magistrado de la Corte Constitucional, debido a que Balanta fue incluida en la terna junto a Carlos Camargo, ex defensor del Pueblo, y Jaime Humberto Tobar, pero la polémica radica en que, al parecer, ella sería la favorita del Gobierno de Gustavo Petro, por lo que tras la denuncia, varios sectores pidieron que se revisara los antecedentes éticos y disciplinarios de los aspirantes antes de que el Senado defina quién ocupará el cargo, el miércoles 3 de septiembre.