La Universidad de Antioquia vuelve a estar en el centro de la discusión presupuestal. Una decisión adoptada en la última reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU), celebrada el 15 de agosto, abrió un debate que ya comienza a inquietar a la comunidad académica, para 2026 se proyecta un recorte que supera los 100.000 millones de pesos en gastos de funcionamiento, con un impacto directo en las horas cátedra.
La noticia no cayó bien entre los representantes profesorales, quienes difundieron un comunicado el 30 de agosto en el que advierten sobre los riesgos de una determinación que, aseguran, se tomó sin contar con la información completa. “No teníamos los elementos necesarios para discutir y tomar una decisión lo suficientemente fundamentada”, señalaron, al explicar que durante la sesión no se presentaron informes ni documentos del vicerrector Administrativo que sustentaran los escenarios financieros para el próximo año.
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En el acta oficial de la votación quedó consignado de manera detallada cómo se dividieron las posturas frente a la metodología presentada para la construcción del presupuesto de la universidad. Según se lee en el documento, el delegado del Gobernador fue uno de los primeros en respaldar la propuesta, postura que también compartieron los representantes de los exrectores, el sector productivo, los egresados y las directivas académicas, quienes argumentaron que se trataba de un mecanismo viable para avanzar con el diseño financiero sin mayores retrasos y con un enfoque que, a su juicio, permitía dar continuidad a los compromisos ya asumidos por la institución.
En el otro extremo, se situaron quienes manifestaron reparos sustanciales. El delegado del Presidente de la República, el representante del Ministerio de Educación y la vocería profesoral se opusieron de manera explícita, señalando que la metodología carecía de los insumos técnicos mínimos necesarios para sustentar un presupuesto de esa magnitud y que, sin un soporte serio en cifras y proyecciones, cualquier decisión corría el riesgo de ser improvisada.
El comunicado, firmado por María Isabel Duque Roldán y Mauricio Múnera Gómez, puso el acento en una consecuencia preocupante, el riesgo de que las horas cátedra se reduzcan hasta en un 50%. Según explicaron, entre el 85% y el 90% de los gastos de funcionamiento de la universidad corresponden al pago de personal, y dentro de ese rubro más de la mitad son costos fijos y comprometidos. “Más del 50% de estos son fijos, comprometidos y tienden a crecer (personal vinculado) y, por tanto, no pueden reducirse de forma tajante y sin análisis profundos”, puntualizaron.
Los representantes no desconocen que la institución necesita racionalizar y optimizar el uso de sus recursos. Sin embargo, consideran que un ajuste de esta magnitud debe discutirse con criterios claros, estudios previos y escenarios detallados que permitan medir los efectos reales sobre la docencia, la investigación, la proyección social y el funcionamiento integral de la universidad pública en su conjunto.
Por ello, anunciaron que no se quedarán únicamente en la expresión pública de su inconformidad, sino que iniciarán un camino formal para intentar frenar los efectos de la decisión adoptada. En ese sentido, los voceros explicaron que acudirán a los recursos institucionales disponibles dentro de la propia universidad y, si es necesario, a escenarios externos que permitan abrir de nuevo la discusión y evaluar con mayor rigor el impacto que tendría una reducción de tal magnitud.
“Manifestamos nuestra intención de impugnar la votación realizada en la reunión del 15 de agosto de 2025 y solicitar al Consejo Superior Universitario reabrir el debate”, concluyeron.
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