En un operativo desarrollado en la vereda Lomitas Abajo, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), miembros del Ejército Nacional y la Policía lograron interceptar una camioneta que, tras ser revisada, se halló transportando 1.200 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
De acuerdo con las autoridades, en el vehículo viajaban dos individuos presuntamente vinculados con la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.
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Así fue la operación
La intervención culminó con la detención de ambos sujetos, que quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado y cohecho. Tanto el cargamento como la camioneta utilizada para el transporte ilícito fueron incautados por las autoridades. Además, los uniformados estimaron que el perjuicio económico ocasionado a la organización criminal por la confiscación de esta droga supera los 6.450 millones de pesos, un golpe financiero de consideración para las disidencias involucradas en el narcotráfico regional.
Las investigaciones buscan determinar el alcance de la red y establecer conexiones con otras células regionales e internacionales, en un escenario donde la lucha contra el tráfico ilícito de drogas se mantiene como prioridad dentro de la agenda de seguridad nacional. Según destacan los analistas de seguridad consultados por diferentes medios nacionales, la estructura Jaime Martínez se consolidó en los últimos años como uno de los principales enlaces para la exportación de cocaína, aprovechando corredores estratégicos y alianzas logísticas con emisarios en otros países.
El incremento de los operativos contra las disidencias de las Farc, y en particular contra la estructura Jaime Martínez, es parte de los esfuerzos articulados de la Fuerza Pública para contener la expansión del narcotráfico y desarticular las redes logísticas que permiten la salida de grandes volúmenes de cocaína desde el suroccidente del país. Las acciones emprendidas en Santander de Quilichao evidencian la capacidad de respuesta conjunta y la opción de impactar no solo a los responsables directos del transporte y almacenamiento, sino las fuentes de financiamiento de las estructuras armadas ilegales.
Otras operaciones
Cabe resaltar que en paralelo a esta operación, el pasado 26 de mayo de 2025, las autoridades informaron sobre la detención de dos sujetos en el barrio Alfonso López de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). Los capturados fueron identificados por el Ejército como Carlos Mauricio Arboleda Velasco, conocido como Gazella, y Wallinton Cundumí Ardila, alias Wallis. Ambas personas figuran, según los reportes, como integrantes del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, la misma facción implicada en el decomiso realizado en Cauca.
Hasta el momento, los dos detenidos en Santander de Quilichao permanecen bajo custodia judicial mientras avanzan los procesos penales y las labores de inteligencia para identificar al resto de la red. En Cali, las autoridades continúan las pesquisas para desmantelar los puntos de acopio restantes y capturar a otros miembros de la estructura Jaime Martínez, con el objetivo de debilitar su poder de acción en el narcotráfico a gran escala.
El Ejército detalló que dicha organización criminal mantenía la coordinación logística para el envío de aproximadamente una tonelada mensual de cocaína hacia naciones ubicadas tanto en el norte como en el sur del continente americano. Dentro de esta dinámica ilegal, los ahora detenidos cumplían funciones clave relacionadas con la administración y manejo de los centros de acopio de droga en la capital del Valle del Cauca, lo que facilitaba la posterior distribución internacional del estupefaciente.
Finalmente, la cooperación entre Ejército y Policía resulta clave en estas acciones, permitiendo la combinación de recursos, información y capacidades operativas para hacer frente a fenómenos complejos como el tráfico ilícito de drogas y la persistencia de las disidencias armadas en distintas regiones del país. Estos recientes golpes confirman una tendencia de ofensiva institucional y el compromiso de las autoridades en debilitar a los principales actores del narcotráfico en Colombia, priorizando la seguridad ciudadana y el control del territorio.
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