Carlos Fernando Galán pidió la renuncia protocolaria de todos los alcaldes locales en Bogotá

En Bogotá, la Administración distrital anunció un nuevo movimiento político y administrativo que involucra a las 20 localidades de la capital. Por instrucción de Carlos Fernando Galán se solicitó la renuncia protocolaria a todos los alcaldes y alcaldesas locales como parte de lo que se denominó un proceso de “evaluación permanente”.

La información fue confirmada por Gustavo Quintero, secretario de Gobierno, que a través de su cuenta en la red social X explicó que la medida obedece a una estrategia de control y seguimiento constante sobre la gestión de las autoridades locales.

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La decisión coincide con la proximidad de un informe de la Contraloría de Bogotá, que en los próximos días presentará un balance con varios hallazgos sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación adelantados por las administraciones locales.

“Por instrucción del Alcalde Mayor @CarlosFGalan pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública. Hemos avanzado, sin embargo el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, expresó Quintero en un mensaje.

La medida todavía no implica la salida inmediata de los mandatarios locales, pues corresponde al alcalde mayor definir si acepta o no cada una de las renuncias, después de adelantar el proceso de evaluación de resultados. En ese sentido, se espera que en los próximos días se conozcan los ajustes que realizará la administración distrital, así como la ratificación o relevo de algunos de los actuales funcionarios.

Por ahora, la instrucción de pedir las renuncias protocolarias marca un punto de inflexión en la relación entre la Alcaldía Mayor y las administraciones locales, bajo la premisa de que la exigencia y el control serán cada día más rigurosos.

El Concejo de Bogotá ya había alertado sobre la compleja situación que atraviesan varias alcaldías locales, señalando que incluso persisten dos vacantes que no lograron resolverse plenamente. Las críticas más recientes se concentran en la Alcaldía Local de Chapinero, donde ediles de la zona y concejales del Centro Democrático denunciaron presuntas irregularidades en la contratación, con posibles sobrecostos.

Entre los cuestionamientos figuran la compra de cinco motocicletas destinadas a la Policía de Bogotá, cuyo valor habría presentado un sobrecosto cercano a 50 millones de pesos, y la adquisición de paquetes de billetes didácticos con un costo aproximado de 450.000 pesos por unidad.

A Galán no le gustó la decisión de Corabastos

La elección de un nuevo gerente en Corabastos puso a la principal central de abastos del país en el centro de la polémica. Tras la salida de Javier Salcedo, la Junta Directiva analiza la designación de su reemplazo, y entre los nombres que suenan para el cargo está el de David Martínez, que contaría con el respaldo del Gobierno nacional. Sin embargo, su postulación se vio cuestionada debido a que, según la Alcaldía de Bogotá, no habría cumplido con la entrega de los documentos legales exigidos para el proceso, motivo por el cual la capital decidió no respaldar esta candidatura.

En medio de esta disputa, Bogotá perdió la presidencia de la Junta Directiva de Corabastos. El alcalde Carlos Fernando Galán relató que la decisión se tomó luego de que la delegada de la ciudad fuera apartada del cargo, lo que generó inconformidad en el Distrito.

Galán aseguró que la remoción se originó porque la capital se opuso a la firma de un contrato laboral sobre el cual existían serias dudas jurídicas. Por eso, calificó la medida como preocupante y advirtió que la prioridad debe ser garantizar la transparencia en el manejo de la corporación.

“Cualquier sospecha debe enfrentarse con determinación”, señaló el mandatario, al tiempo que informó que se adoptarán acciones para que las autoridades competentes investiguen lo sucedido. Por ahora, el Ministerio de Agricultura, entidad con representación en la Junta, no emitió pronunciamiento oficial frente a los hechos, que mantienen a Corabastos bajo la lupa.