Procuraduría sancionó a dos exdirectores de la Ungrd por fallas en emergencia de La Mojana: omisiones dejaron miles de damnificados

La Procuraduría General de la Nación sancionó con tres meses de suspensión a Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez, exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por omisiones en la atención del boquete del jarillón de Caregato, en Bolívar. Según el fallo, la falta de acciones oportunas prolongó las afectaciones en la subregión de La Mojana; como ambos ya no pertenecen a la entidad, la suspensión se convierte en el pago de salarios equivalentes al mismo periodo.

La Procuraduría Delegada de Juzgamiento estableció que Eduardo González incumplió su deber de prevenir la ruptura del jarillón. Tras la emergencia, suscribió un contrato que no incluyó obras de carácter urgente, slicitó prórrogas y adiciones presupuestales, pero el boquete siguió abierto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Para mayo de 2025, la Gobernación de Bolívar reportó más de 1.200 familias afectadas por la inundación, por lo que el órgano de control señaló además que González no formuló proyectos ni coordinó obras de dragado complementarias, situación que mantuvo el daño sobre comunidades, ambiente y territorio en La Mojana.

En el caso de Javier Pava, el ente disciplinario concluyó que omitió coordinar planes de manejo y seguimiento de la emergencia. Pese a una visita al punto crítico en septiembre de 2022, el boquete permaneció abierto, a pesar de un riesgo de conocimiento público y nacional.

La decisión indicó que los dos exdirectores vulneraron los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad que orientan la función pública. El Ministerio Público, encabezado por Gregorio Eljach, calificó sus conductas como faltas graves a título de culpa grave.

Comunidades afectadas en La Mojana debido a malas gestiones de la Ungrd

Las comunidades de La Mojana, en Bolívar y Sucre, llevan más de tres años enfrentando graves inundaciones provocadas por el boquete del jarillón de Caregato. Lo que empezó en 2021 como una ruptura en el dique del río Cauca se transformó en una crisis prolongada, marcada por decisiones fallidas de la Ungrd, contratos inconclusos y sanciones a exdirectivos.

En noviembre de 2023 la entidad firmó un contrato para cerrar el boquete y mejorar el Canal de la Esperanza, pero en septiembre de 2024 decidió darlo por terminado de forma unilateral. La Ungrd explicó que los diseños presentados no garantizaban el cierre y que, pese a un anticipo de más de $25.000 millones, el consorcio no cumplió con la obra.

La Contraloría abrió tres procesos de responsabilidad fiscal por un valor cercano a los $51.000 millones. Entre las medidas adoptadas se encuentran embargos a exdirectivos y contratistas, además de la investigación por un posible detrimento de más de $28.000 millones.

Mientras los órganos de control avanzan en las investigaciones, las comunidades fueron las principales afectadas. En mayo de 2024, las lluvias y la ruptura del jarillón dejaron entre 400 y 3.000 familias damnificadas en los primeros días y cerca de 35.000 hectáreas de cultivos perdidas. Informes oficiales estimaron que más de 38.000 personas resultaron impactadas, lo que evidencia la magnitud de la emergencia.

Tras la cancelación del contrato, la Ungrd anunció obras de emergencia para disminuir el flujo por Caregato mediante la ampliación del Canal de la Esperanza y otras intervenciones rápidas. También instaló mesas técnicas con ministerios y expertos para definir una solución definitiva que permita cerrar el boquete y reducir el riesgo de nuevas inundaciones, con la gestión de Carlos Carrillo.

Antecedentes de los exdirectores que suman a su historial

Además del proceso por Caregato, Eduardo González enfrenta un pliego de cargos por presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia de Covid-19, cuando dirigía la Ungrd en el gobierno de Iván Duque.

La Procuraduría le atribuye acuerdos con compañías sin experiencia en atención de emergencias; entre ellas, negocios de licores, pólvora y pesca. Dentro de esos procesos figura un contrato por más de $93.500 millones para la compra de ventiladores que no cumplió con el suministro de equipos necesarios para Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El órgano de control calificó esos hechos como falta grave por desconocer el principio de moralidad pública.

Sobre Javier Pava, que estuvo al frente de la Ungrd en el inicio del gobierno de Gustavo Petro, la Contraloría abrió una investigación por presuntas irregularidades en proyectos de vivienda para damnificados de Mocoa. Su gestión recibió críticas por retrasos en la reubicación de familias afectadas por las lluvias, tras su salida en marzo de 2023, asumió la Dirección de Soberanía Territorial en la Cancillería.