La divulgación de la Directiva Presidencial No. 07 de 2025, firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 13 de agosto, ha provocado un remezón en la política exterior colombiana y generado debate dentro y fuera del país.
El documento ordena a todas las entidades del Estado revisar los contratos vigentes con empresas de Israel, en sectores como exportación de carbón, compra de armamento, adquisición de software y herramientas digitales, con el fin de garantizar que se ajusten a los principios de legalidad internacional.
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El alcance de la directiva, revelada por The Jerusalem Post y W Radio, incluye a ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, cónsules y representantes legales de entidades nacionales, quienes deberán ajustar sus actuaciones a este nuevo lineamiento.
El texto advierte que Colombia reafirma su compromiso con la paz, la justicia, la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la vida, en coherencia con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el país.
Contratos estratégicos bajo la lupa
Uno de los puntos más sensibles de la directiva es la revisión de los contratos con empresas israelíes, algunos de ellos relacionados con el suministro de armas y tecnología militar.
Colombia ha mantenido históricamente relaciones de cooperación con Israel en materia de defensa, particularmente en la compra de equipos y entrenamiento militar.
Ahora, esas adquisiciones deberán ser evaluadas bajo criterios de legalidad internacional.
En el sector energético también habrá impacto: Israel es un socio comercial relevante en la compra de carbón colombiano, y la revisión de esos contratos podría modificar el flujo de exportaciones.
En paralelo, la directiva menciona la necesidad de examinar convenios en materia tecnológica, como software y herramientas digitales adquiridos por el Estado colombiano.
El Gobierno señala que no se trata únicamente de revisar contratos, sino de alinear las relaciones económicas y comerciales con los principios del derecho internacional. Además, se busca ampliar el comercio con Palestina, promoviendo nuevos acuerdos bajo el marco jurídico colombiano.
Diplomacia activa en favor de Palestina
Más allá del plano económico, la directiva establece una estrategia diplomática orientada a fortalecer la presencia de Colombia en Palestina y Oriente Medio, articulándose con países aliados de la región.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática deberán incluir la historia y el contexto del conflicto palestino-israelí en sus programas de formación y en sus intervenciones multilaterales.
En escenarios como la ONU, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), Colombia promoverá activamente resoluciones relacionadas con el derecho al retorno del pueblo palestino, la ilegalidad de los asentamientos y el rechazo a la ocupación.
Asimismo, la directiva ordena acompañar los procesos judiciales en curso ante la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales que involucran a Israel.
Para el presidente Petro, la situación en Palestina exige pasar de los pronunciamientos simbólicos a acciones coherentes y sostenidas.
Por ello, el documento presidencial dispone también la creación de programas permanentes de colaboración técnica, humanitaria y cultural, con énfasis en proyectos dirigidos a mujeres palestinas, actividades artísticas y académicas conjuntas.
La publicación de la directiva generó inmediatas reacciones críticas en sectores de la comunidad judía, que cuestionaron la orientación de la política exterior colombiana.
En su edición, The Jerusalem Post destacó que esta decisión constituye un giro diplomático de gran calado, al poner en revisión acuerdos que han sido claves para la relación bilateral en defensa y tecnología.
Petro, sin embargo, defendió la medida asegurando que Colombia debe actuar de manera coherente con su propio marco constitucional y con el respeto al Derecho Internacional Humanitario.
“La situación de Palestina exige, más que pronunciamientos simbólicos, acciones coherentes, integrales y sostenidas”, afirmó en el documento oficial.
Implementación y control
El seguimiento al cumplimiento de la directiva estará a cargo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que podrá expedir instructivos para su implementación.
Además, se invita a otras ramas del poder público, organismos de control y entidades territoriales a adoptar las directrices en lo que resulte procedente, bajo el principio de colaboración armónica previsto en el artículo 113 de la Constitución.
Con esta decisión, el Gobierno busca que todas las actuaciones estatales en torno a Palestina e Israel se ajusten al artículo 93 de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario al ordenamiento interno.
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