La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inhibirse de abrir investigación formal contra los senadores Carlos Fernando Motoa Solarte, Juan Samy Merheg Marun, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe, que habían sido vinculados por la Fiscalía al entramado de corrupción conocido como “Las Marionetas”.
La determinación estuvo a cargo del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, que acogió los argumentos de la defensa y concluyó que no existían pruebas que comprometieran a los congresistas en actos ilícitos relacionados con manipulación de contratos o desvío de recursos públicos.
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Los fundamentos de la decisión
Según determinó la Corte Suprema de Justicia, la inhibición se dio tras evaluar los planteamientos de la defensa, entre ellos los expuestos por el abogado Mauricio Pava, que solicitó un auto inhibitorio debido a la falta de material probatorio.
En el fallo, la Sala Especial de Instrucción señaló: “Ante el supuesto estructurado, esto es, cuando se encuentra acreditado que el indiciado no ha cometido la conducta punible que se le atribuye, no resulta razonable valorar los medios suasorios con referencia a alguna concreta hipótesis delictiva. Ello simple y llanamente, pues lo colegido es la inexistencia misma de la realización de una conducta revestida de las características de delito por parte de los investigados“.
De esta manera, el alto tribunal descartó iniciar proceso en contra de los cuatro senadores, quienes habían sido vinculados inicialmente dentro de las pesquisas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre un esquema de contratación presuntamente dirigido a obtener beneficios políticos y económicos.
Sobre el caso de “Las Marionetas”
El proceso hace parte de una red de corrupción por la cual fue condenado el exsenador Mario Castaño, que falleció en prisión mientras cumplía una pena de 15 años y 11 meses. Castaño fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión.
De acuerdo con la Fiscalía, este entramado operó en departamentos como Caldas, Risaralda, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Putumayo y Boyacá, a través de modalidades que incluían acuerdos ilegales con alcaldes para la entrega de contratos a cambio de comisiones del 10 % de su valor.
La investigación también reveló la manipulación de contratos de prestación de servicios en entidades estatales. En el proceso se documentaron 3.535 llamadas telefónicas entre presuntos integrantes de la red, en las que se discutían mecanismos de alteración en la contratación pública y se mencionaba la participación de congresistas con operaciones específicas en diferentes regiones.
En el organigrama del caso fueron incluidos exfuncionarios como Pierre Eugenio García Jacquier, subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS); la funcionaria Tatiana Vuelvas Ramos; y el gerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa, que actualmente colabora como testigo de la Fiscalía. También fueron judicializados contratistas como Anderson González, Raúl Cardozo Ordóñez, Raúl Cardozo Nuncira, Raúl Cardozo Navas, Andrés Ospina Rosales y Alejandro Noreña Castro, este último en proceso de colaboración con las autoridades.
Reacciones a la decisión
Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema, el senador Carlos Fernando Motoa manifestó: “Ninguna de las pruebas practicadas y valoradas en la investigación previa demostró mi participación en tan reprochable entramado criminal. Circunstancia que confirma mi inocencia y que no existen razones para continuar con el proceso”.
El congresista también se refirió a un aspecto del escándalo relacionado con la compra de contenidos periodísticos: “Siempre confié en mi juez natural, y hoy recibo esta noticia importante con una profunda reflexión sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en nuestra sociedad. En un contexto en el que la información circula con rapidez y en ocasiones sin filtros, es fundamental reconocer y valorar a aquellos medios que luchan por mantener la verdad como su eje central”.
Por su parte, el senador Carlos Abraham Jiménez escribió en su cuenta de X: “¡Triunfo la verdad! (...) Este pronunciamiento, categórico y definitivo, demuestra que los señalamientos en su contra carecían de sustento y se basaban únicamente en conjeturas".
Cabe aclarar que la determinación de la Sala Especial de Instrucción es susceptible de un recurso de reposición.
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