La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle.
Lo anterior se dio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación por su presunta vinculación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (Ungrd).
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“Name Vásquez y Calle Aguas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el legislativo”, dice un comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia.
En el comunicado afirman que luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados.
“Cabe recordar que, mediante decisión del pasado 7 de mayo, la Sala ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos procesados, medida que actualmente sigue vigente”, señaló.
El comunicado emitido por la Corte Suprema de Justicia aseguró que el caso será remitido a la Sala Especial en Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente.
Cabe destacar que ambos parlamentarios permanecen detenidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota y enfrentarán el proceso por delitos asociados a la recepción de millonarios sobornos presuntamente destinados a favorecer trámites legislativos.
Investigación por recursos provenientes de un contrato por la compra de 40 carrotanques en La Guajira
De acuerdo con el comunicado divulgado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, donde afirmaron que hay razones suficientes para llevar a juicio a Iván Name y Andrés Calle, las redes sociales estallaron con la noticia.
Name habría recibido 1.000 millones de pesos y Calle 3.000 millones, recursos provenientes de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a La Guajira, con el fin de abastecer de agua a las rancherías.
Entre los testimonios que sustentan la acusación se incluyen las declaraciones de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalados como intermediarios en la entrega de dinero en efectivo, así como otros testimonios clave como el del exministro del Interior Luis Fernando Velasco y el prestamista Pedro José Castro.
Según la investigación, los fondos entregados a los congresistas derivaron de coimas relacionadas con contratos inflados.
La decisión de ordenar la medida de aseguramiento carcelario contra los dos expresidentes del Congreso fue adoptada el 7 de mayo de 2025.
El auto, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Francisco Farfán, desarrolla una cronología del presunto esquema delictivo apoyada en pruebas como conversaciones de chat, registros de ingreso y declaraciones bajo juramento, que darían cuenta de que los beneficios económicos a los legisladores buscaban acelerar reformas e iniciativas del Gobierno.
Aunque la ponencia del magistrado Misael Rodríguez proponía aplicar la misma medida a otros cinco parlamentarios y a un exrepresentante congresista, la Sala de Instrucción decidió concederles la opción de defenderse en libertad por el momento. Sin embargo, mantiene abiertos los procesos indagatorios sobre otros posibles implicados.
En su decisión, la Corte Suprema de Justicia argumentó: “Los aforados utilizaron su poder político para ejecutar presuntamente delitos de significativa gravedad, no solo desde una perspectiva general y abstracta, sino por las especificidades que se observaron en el caso concreto; comportamientos frente a los cuales no se excluye su futura reiteración”.
Además, la gravedad de los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación se traduce en penas significativamente altas.
Hace pocos días, la Sala de la Corte Suprema de Justicia negó una apelación de la defensa de Calle y ratificó la medida de aseguramiento para ambos procesados, argumentando que no se evidenciaron vulneraciones a sus derechos fundamentales.
El caso está listo para avanzar a etapa de juicio, mientras el país sigue atento a posibles repercusiones políticas y judiciales derivadas de este proceso.
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