
La Policía Nacional, a través del Gaula Metropolitano y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarticuló en Medellín una red internacional dedicada a estafas mediante trading y secuestro de sus propios empleados.
La intervención en el barrio San Diego permitió rescatar a un joven de 24 años que permanecía privado de la libertad y capturar a cuatro presuntos integrantes de la organización.
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Durante el operativo, las autoridades incautaron 51 computadores, cinco celulares y un arma traumática.
Según las investigaciones, la estructura operaba desde un call center, contactando a víctimas en España, Argentina, Bolivia y Colombia.
Bajo la fachada de empresas de inversión, como la denominada Iber FX, y de supuestos servicios de préstamos, los criminales convencían a ciudadanos extranjeros de realizar transferencias de dinero con la promesa de altos rendimientos en operaciones de trading con criptomonedas y divisas.
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La persona liberada hacía parte del grupo encargado de los préstamos y fue víctima de sus propios compañeros, quienes la acusaron de un hurto interno.
Los secuestradores exigían $15 millones para permitirle recuperar la libertad y la sometieron a agresiones físicas durante su cautiverio.
El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Brigadier General William Castaño Ramos, explicó que la operación se realizó tras una denuncia ciudadana y en el marco de la estrategia Seguros, Cercanos y Presentes.
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“La Policía Nacional rescató en zona céntrica de Medellín a un ciudadano secuestrado y capturó a varios integrantes de una red criminal internacional dedicada al delito de estafa”, afirmó el oficial.
Los capturados, hombres de entre 30 y 50 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada Gaula por el delito de secuestro extorsivo y posteriormente enviados a establecimientos carcelarios.
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Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a otros miembros de la red, incluyendo a un ciudadano ucraniano señalado como coordinador de las operaciones desde el extranjero.
El brigadier general Castaño Ramos añadió que las rentas ilegales de esta organización podrían alcanzar los cuatro mil millones de pesos mensuales.
La Policía advirtió que la modalidad de estafa predominante consistía en simular operaciones de compra y venta de acciones y divisas para engañar a las víctimas y obtener transferencias de dinero.
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Extorsión en las principales cárceles de Boyacá y Bogotá: se hacen pasar como call centers
La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con el Gaula, desplegó 150 uniformados y tecnología avanzada en el Centro Penitenciario El Barne de Cómbita, Boyacá, como parte de la Operación Bogotá, dirigida a frenar la extorsión carcelaria que afecta a comerciantes, transportadores y empresarios.
Durante el operativo se inspeccionaron 303 celdas con drones y detectores de metales, incautando 50 celulares, un iPad, joyas, 5 módems, 40 cables USB, 30 cargadores, 20 tarjetas SIM, 23 armas corto punzantes, un kilo de marihuana y 12 libretos con información delictiva.
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La intervención se basó en denuncias ciudadanas que alertaban sobre redes de extorsión digital dentro del penal. Los dispositivos eran usados por internos para hacerse pasar por funcionarios de la Policía y la Fiscalía, exigiendo pagos bajo amenaza.
El Gaula destacó que estas acciones buscan combatir directamente las estructuras criminales responsables de la extorsión digital, contribuyendo a la reducción de delitos: en 2025, los casos de extorsión han disminuido en 291, un 19% menos que el año anterior, según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
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Paralelamente, la Operación Bogotá desarticuló un call center criminal en el pabellón 6 de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde los teléfonos estaban organizados por cabinas y existían libretos para coordinar extorsiones.
En este operativo se incautaron 40 celulares, 15 cables USB, 30 cargadores, 60 tarjetas SIM, 18 armas corto punzantes, libretos, licor y sustancias estupefacientes.
La investigación reveló que la organización combinaba extorsión tradicional y ciberextorsión, con suplantación de funcionarios, generando rentas mensuales de aproximadamente 250 millones de pesos.
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