Por parranda vallenata con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí, confesaron los funcionarios del Inpec: esto fue lo que revelaron

Dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) enfrentan una posible reducción de sanción tras admitir que no cumplieron con los procedimientos internos durante una fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí. El hecho, ocurrido el 8 de abril de 2026 y marcado por la presencia del cantante vallenato, Nelson Velásquez, llevó a la apertura de una investigación disciplinaria.

De acuerdo con la información suministrada por la Procuraduría General de la Nación, Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Góez David, trabajadores del instituto, confesaron que omitieron los registros y anotaciones necesarios en los libros oficiales del penal ese día. Esta decisión de acogerse al beneficio de confesión les permite optar por una reducción de hasta el 50 % en la eventual sanción.

El proceso ahora avanza hacia la fase de juzgamiento, que debe culminar en un plazo máximo de 45 días. En este lapso, la Procuraduría determinará la sanción, que puede abarcar desde la destitución hasta la suspensión o la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

La pregunta sobre qué sucedió con los funcionarios del Inpec investigados por la fiesta en la cárcel de Itagüí tiene respuesta oficial: reconocieron su omisión en los controles y se sometieron al beneficio de confesión, lo que podría reducir su castigo, aunque aún resta conocer la sanción final.

Las investigaciones no han concluido. Las autoridades continúan indagando para aclarar cómo se organizó el evento y bajo qué condiciones se permitió el acceso y la celebración dentro del establecimiento carcelario. El caso permanece abierto y podrían surgir nuevas responsabilidades a medida que avanza el proceso disciplinario.

La revelación de una fiesta vallenata en la cárcel de Itagüí, con la participación directa de un guardián del Inpec, ha dejado al descubierto la magnitud de la corrupción que atraviesa el sistema penitenciario colombiano.

En el pabellón de máxima seguridad, capos de organizaciones criminales disfrutaron de lujos y privilegios vedados al resto de la población carcelaria, gracias a la complicidad de funcionarios públicos. El evento, celebrado el 8 de abril de 2026, encendió la indignación social y puso en evidencia la fragilidad de los controles institucionales.

La investigación de la Fiscalía apunta a un guardián del Inpec como facilitador principal de la fiesta. Documentos internos y declaraciones recogidas por Semana detallan cómo este funcionario permitió el ingreso de bienes y personas prohibidas a cambio de dinero, amasando un patrimonio injustificable frente a su salario oficial.

La situación en la cárcel de Itagüí reflejó un fenómeno de corrupción endémica: empleados públicos organizaron eventos privados para los reclusos de mayor poder, quienes, bajo acuerdos de paz y negociaciones políticas, gozaron de privilegios extraordinarios. Las denuncias internas revelan que la complicidad institucional no solo facilitó fiestas, sino también la protección de estos internos frente a acciones de control.

Según los testimonios, el guardián bajo investigación llegó a tener cuatro apartamentos, locales y un vehículo de alta gama valorado en más de $180 millones, pese a que su salario mensual era inferior a seis millones. Los informes mencionan que este patrimonio se formó durante el actual Gobierno, coincidiendo con la presencia de líderes criminales que buscaban acuerdos en el penal.

Distintos documentos internos relatan que el funcionario se convirtió en anfitrión habitual de fiestas y reuniones clandestinas. Fuentes cercanas a la investigación afirman que “fue responsable de autorizar la entrada de objetos prohibidos y de ofrecer un trato preferencial a los capos”, lo que dificultó la labor de los organismos de control.

El caso de la fiesta vallenata en Itagüí ha puesto en primer plano una pregunta fundamental: ¿cómo pudo sostenerse esta red de corrupción sin sanciones efectivas, pese a las investigaciones y denuncias presentadas ante diferentes órganos de control? La respuesta se encuentra en la persistente connivencia institucional y la falta de consecuencias reales para los responsables.

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la visibilidad alcanzada tras el escándalo, Semana subraya que el guardián investigado continuó activo y mantuvo su vínculo con los internos de mayor peso durante y después de las denuncias, lo que agrava la percepción de impunidad en el sistema penitenciario colombiano.