Buscan tumbar la Paz Total de Gustavo Petro con proyecto de ley ante la Cámara de Representantes: “Benefició a los criminales”

Simón Molina, primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, presentó en el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se busca derogar apartes de la Ley 2272 de 2022, conocido como Ley de Paz Total, impulsada bajo el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La iniciativa busca que las estructuras criminales de origen no político no reciban tratamiento político. Igualmente, dispone que, una vez entre en vigencia la reforma, se reanuden las medidas de aseguramiento y las condenas que hoy permanecen suspendidas en favor de integrantes de organizaciones criminales.

Así mismo, Molina sostiene que la intención es establecer reglas claras para futuras negociaciones de paz y evitar que cabecillas de organizaciones criminales accedan a beneficios sin responder ante la justicia.

“Ningún gobierno puede dejar en impunidad los delitos de las cabecillas de las organizaciones criminales, ni puede arrancar un proceso de paz hasta que se tramite en Colombia una ley de sometimiento a la justicia con reglas claras y sin impunidad. En nombre de la paz, los gobiernos no pueden andar inventando excusas para que los criminales pasen libres por nuestras calles”, declaró el congresista del partido Creemos.

El proyecto también apunta a los beneficios que, de acuerdo con el representante, permitieron levantar órdenes de captura contra jefes del ELN, disidencias y el Clan del Golfo.

El anuncio fue hecho por Simón Molina desde la cárcel de máxima seguridad La Paz de Itagüí, donde permanecen cabecillas de estructuras armadas del Valle de Aburrá. Ese penal ha estado ligado a la discusión sobre la llamada paz urbana, una iniciativa de diálogo que ha generado polémica.

“23 cabecillas con más de 362 años de condenas acumuladas. Hoy están libres, caminando por Medellín y otras ciudades del país. Eso permitió la Ley 2272, la base jurídica de la llamada “Paz Total”. Hoy, el Valle de Aburrá concentra 10 de las 22 estructuras criminales que operan en Colombia”, resaltó.

Por último, el representante antioqueño que la política impulsada por el presidente saliente Gustavo Petro dejó en segundo plano a las víctimas de las organizaciones criminales.

“Nuestro compromiso es con las víctimas y con los colombianos que exigen seguridad. Quienes han sembrado terror durante décadas deben responder ante la justicia y no recibir privilegios incompatibles con la gravedad de sus delitos. La paz solo será sostenible cuando esté sustentada en la verdad, la reparación y el cumplimiento efectivo de la ley”, puntualizó.

Demandas contra la Paz Total

Tras su aprobación en el Congreso de la República y su sanción presidencial en la primera parte del Gobierno de Gustavo Petro, la Ley de Paz Total fue objeto de múltiples demandas ante la Corte Constitucional.

Inicialmente, el alto tribunal rechazó las demandas generales que buscaban anular toda la ley por supuestos vicios de trámite y declaró exequible el grueso del texto. Al mismo tiempo, sí anuló la disposición que permitía incorporar automáticamente a la Constitución los acuerdos alcanzados con grupos armados ilegales, al considerar que esa incorporación no podía hacerse sin aprobación ni debate del Congreso.

Entre las acciones admitidas estuvieron las promovidas por el congresista José Jaime Uscátegui, del partido Centro Democrático, quien argumentó violaciones a los derechos de las víctimas y a tratados internacionales de protección judicial. También avanzó una demanda de la Fundación para el Estado de Derecho, que fue la que terminó por derribar la cláusula que integraba automáticamente los acuerdos al bloque de constitucionalidad.

Uno de los puntos centrales del examen fue la separación de poderes. Los demandantes sostuvieron que la ley entregaba facultades excesivas al presidente de la República y a los negociadores del Gobierno, con efectos sobre las funciones de control del Congreso de la República y la autonomía judicial.

Frente a ello, la Corte resolvió que el Ejecutivo no puede excarcelar de forma autónoma a integrantes de estructuras criminales que tengan medidas de aseguramiento vigentes para que actúen como “voceros de paz”. En esos casos, la intervención y el aval de los jueces de la República son obligatorios.

Además de las demandas generales, el tribunal admitió y resolvió por separado otras acciones contra artículos específicos, como la que cuestionó la reserva de información en las sesiones del Gabinete de Paz. Esas demandas advirtieron sobre el ocultamiento de la información tratada en ese espacio, un reparo respaldado por Transparencia por Colombia.