Hospitales públicos de Antioquia suspenden servicios no urgentes a usuarios de Nueva EPS

Al menos 25 hospitales públicos de Antioquia suspenderán desde este 5 de agosto la prestación de servicios no urgentes a usuarios de Nueva EPS, debido a las millonarias deudas que la entidad mantiene con la red pública hospitalaria del departamento.

La decisión fue anunciada por la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, AESA, cuyos directivos aseguran que la situación financiera se volvió insostenible por la falta de pagos y la ausencia de una interlocución efectiva con la EPS, intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la deuda de Nueva EPS con los centros asistenciales públicos de Antioquia asciende a $450.000 millones, una cifra que mantiene en alerta a hospitales de Medellín, el Valle de Aburrá y otros municipios con influencia regional.

El director ejecutivo de AESA, Luis Hernán Sánchez, explicó que la decisión se tomó ante la falta de acuerdos financieros que permitan garantizar el flujo de recursos. La suspensión no cobijará los servicios urgentes ni aquellos que puedan comprometer de manera inminente la vida de los pacientes.

Hospitales reclaman pagos y respuestas

La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia pidió la intervención del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la propia Nueva EPS para encontrar una salida a la crisis. El gremio hospitalario advierte que, sin recursos, resulta cada vez más difícil sostener la operación normal de los servicios.

“Hacemos un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Nueva EPS, para que tomen las medidas necesarias que garanticen el flujo de recursos a estas instituciones y se puedan normalizar la prestación de servicios de salud”, indicó Sánchez.

La medida se suma a otras tensiones recientes que han golpeado al sistema público de salud en Antioquia, como las controversias entre anestesiólogos y el hospital del municipio de Caldas, además de las deudas asociadas al Fomag.

Para los hospitales, el problema no se limita a una deuda acumulada. También preocupa la falta de una ruta clara de negociación con Nueva EPS, lo que impide definir cronogramas de pago, acuerdos de cartera o mecanismos para sostener la atención sin aumentar el deterioro financiero de las instituciones.

La suspensión de servicios no urgentes busca presionar una respuesta institucional, pero también refleja el agotamiento de una red hospitalaria que asegura no tener margen suficiente para seguir asumiendo costos sin pagos oportunos.

Urgencias seguirán garantizadas

AESA aclaró que los servicios de urgencias y aquellos que puedan poner en riesgo la vida de los usuarios continuarán siendo atendidos. La restricción aplicará únicamente para procedimientos, consultas o atenciones que no sean considerados urgentes.

Entre los centros impactados aparecen hospitales clave del departamento, como el Hospital General de Medellín, el Marco Fidel Suárez de Bello y el hospital del municipio de La Estrella, en el Valle de Aburrá.

La medida también cobija instituciones de municipios como Jericó, Cisneros, Támesis, Don Matías, San Francisco, Angelópolis y Carolina del Príncipe, entre otras localidades que cumplen un papel importante para la atención de comunidades rurales y regionales.

El impacto podría sentirse especialmente en usuarios que dependen de la red pública para consultas especializadas, controles, procedimientos programados o servicios ambulatorios. Aunque las urgencias estarán protegidas, la suspensión puede aumentar represamientos y demoras si no se alcanza pronto un acuerdo.

La crisis vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad financiera de los hospitales públicos y las dificultades que enfrentan para operar cuando las EPS acumulan deudas elevadas. En Antioquia, el reclamo ahora se concentra en Nueva EPS, cuya situación afecta a una parte amplia de la red asistencial.

Por ahora, los hospitales esperan una respuesta del Gobierno, la Supersalud y la EPS para normalizar la prestación de servicios. Mientras no haya pagos ni acuerdos concretos, la restricción a los servicios no urgentes seguirá como una señal de presión frente a una deuda que ya llegó a $450.000 millones.