Un nuevo ataque con drones explosivos se registró en el municipio de Puerto Leguizamó, Putumayo, donde un buque perteneciente a la Armada Nacional fue blanco del artefacto que explotó mientras los atacante huían en una lancha a alta velocidad. De acuerdo con la entidad oficial, producto de la detonación del artefacto no se registraron lesionados.
Este nuevo atentado en contra de la fuerza pública con se sumó al registrado el 21 de agosto de 2025, cuando un helicóptero que adelantaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el municipio de Amalfi (Antioquia), fue atacado con un dron explosivo que derribó la aeronave y produjo la muerte de los 13 uniformados que la ocupaban.
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Estos hechos, llaman la atención sobre la fortaleza del Estado frente al accionar de los grupos armados al margen de la ley que emplean aeronaves no tripuladas o drones para atentar contra miembros de la fuerza pública en diferentes regiones del país.
En respuesta a esta problemática que viene registrándose frecuentemente en el país , el Ministerio de Defensa de Colombia anunció en junio de 2025 la adquisición de uno de los sistemas antidrones más sofisticados del mundo por 25,39 millones de dólares a la empresa estadounidense Dedrone Tactical.
En su momento, esa cartera argumentó que el objetivo era dotar al Ejército y a la Fuerza Aeroespacial con las capacidades necesarias mediante la instalación y operación de sistemas de contramedidas C-UAS, enfocados en la vigilancia y protección de bases e instalaciones estratégicas en todo el país.
De acuerdo esa entidad, el sistema incorporado, Dedrone Tracker AI C2, permite la detección y neutralización de señales de radiofrecuencia en un campo de 360 grados y es fácilmente ampliable. Sin embargo, la entrega de estos sistemas se ha visto demorada por cuestiones diplomáticas y trámites de permisos de exportación.
Frente a este panorama, el general retirado Guillermo león, director de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) declaró a Noticias RCN que la introducción de estos artefactos en la ofensiva de los grupos subversivos es una desventaja para los equipos de las fuerzas militares, dado que, no son suficientes para contrarrestar los ataques perpetrados desde estas aeronaves, por lo que la inversión en esta materia debe ir a fortalecer la capacidad tecnológica de la fuerza pública.
“En épocas anteriores, el uso del estado aéreo era solamente para el Estado y eso era una enorme ventaja, pero la llegada de estos dispositivos cambió la ecuación y, desafortunadamente, fue en detrimento de nuestros hombres de la Fuerza Pública”, argumentó el militar retirado al medio de comunicación citado.
No obstante, la inversión del Estado para hacerle frente a la ofensiva con estas aeronaves podría significar un avance en la efectividad de la fuerza pública, pero la ofensiva delictiva es cada vez más sofisticada, lo que dificulta las acciones de las instituciones militares.
“Quedamos, entonces, en el desconcierto porque, finalmente, el sistema antidrones tiene que generar una nueva actualización para quedar dentro de esa gama de frecuencia que están empleando los drones que nos están en el mercado”, señaló Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército Nacional al medio de comunicación televisivo.
Y es que la sofisticación de los grupos armados al margen de la ley suscita un llamado para las instituciones oficiales para que la inversión sea acorde a los avances tecnológicos de los grupos subversivos, dado que, cada vez son más frecuentes los ataques de este tipo que cobran la vida de numerosos uniformados en el país.
“Se requiere conciencia en el Ministerio de Defensa y se requiere que los recursos con los que se cuenta se liberen para estos desarrollos tecnológicos, pero ya. De esto depende la vida de nuestros hombres”, afirmó el coronel del Ejército en retiro Carlos Soler, analista en conflicto y violencia consultado por el noticiero citado.
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