Además del Valle y Antioquia, estas fueron las regiones que la Defensoría del Pueblo advirtió a inicios de 2025, como focos de violencia

La grave situación de seguridad que se vivió en Colombia los días 21 y 22 de agosto de 2025, marcada por atentados en Cali (Valle del Cauca), Amalfi (Antioquia) y Florencia (Caquetá), volvió a poner sobre la mesa el comunicado emitido en febrero de 2025 por la Defensoría del Pueblo, que ya alertaba sobre una crisis humanitaria sostenida en distintas regiones del país a causa de la expansión de los grupos armados y las crecientes afectaciones a la población civil.

En su comunicado, con fecha del 16 de febrero de 2025, el ente advirtió sobre “la existencia de al menos once focos de emergencia humanitaria en el país, que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

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Esta alarma no solo sigue vigente, sino que se agrava tras los tres ataques cuyo saldo total es de 19 muertos y más de 80 heridos por el momento, y en los que la fuerza pública y la población civil han resultado víctimas directas de la violencia de los grupos armados ilegales. En este caso las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y “Calarcá”, ambas pertenecientes al Estado Mayor Central.

Según la Defensoría, en el monitoreo realizado a principios de 2025, al menos diez estructuras armadas ilegales mantenían una acción constante y diferenciada en todo el territorio nacional.

Entre estas organizaciones figuran el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc comandadas por “Mordisco” y “Calarcá Córdoba”, así como bandas criminales como los Shottas y los Espartanos.

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Frente a este panorama nada alentador y en ese entonces, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz describió la coyuntura como “alarmante”, señalando que “el conflicto armado sigue afectando gravemente a la población civil, con desplazamientos, confinamientos, homicidios y la constante amenaza de los grupos ilegales”. Esta situación no dista mucho de lo que se puede observar pasados seis meses de la publicación del comunicado.

Ejemplo de ello es la subregión del San Juan, en Chocó, donde enfrentamientos entre ELN y el Clan del Golfo, y ahora también con la presencia de disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, han derivado en severas restricciones de movilidad y acceso a recursos básicos, incluyendo la instalación de minas antipersona cerca de caseríos y escuelas. “Por primera vez, tenemos reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias ‘Mordisco’, quienes estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN”, explicó la funcionaria.

Entre los hechos más recientes, tanto Cali como Amalfi y Florencia fueron escenario de atentados cuya autoría preliminar se atribuye a facciones ilegales con presencia en las mismas regiones que la Defensoría destacó en su pronunciamiento: Antioquia y Valle del Cauca.

En su análisis, la entidad agrega también situaciones críticas en Nariño, Cauca, el Pacífico vallecaucano, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo, donde persistían los riesgos incluso en contextos electorales, como lo fue para Putumayo en febrero.

“La situación humanitaria que estamos presenciando es alarmante”, insistió Marín Ortiz, añadiendo que al menos 1.600 personas en el Chocó habían resultado afectadas por desplazamientos y confinamientos a mediados de febrero.

El impacto sobre la niñez y los pueblos indígenas, como el pueblo Wounan, es motivo de especial preocupación por las restricciones extremas en movilidad y recursos básicos.

Frente a este panorama, la defensora expresó en ese momento que “el 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales. En los últimos cinco años, han logrado expandirse y fortalecer su accionar. Es preocupante, pero no es irremediable”.

La entidad instó a las autoridades nacionales y locales “a implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, tomando en cuenta el diagnóstico de las alertas tempranas y sus recomendaciones, así como toda la información con la que cuentan las diferentes instituciones del Estado”.

Un mensaje que no pierde vigencia seis meses después en Colombia

Asimismo, Marín pidió a la comunidad internacional “mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo”.

De igual forma y como si el pronunciamiento de la defensora se mantuviera vigente a pesar del paso de los meses, Marín le exigió a los grupos armados ilegales “respetar los derechos de la población y el derecho internacional humanitario”.

“Especial y enfáticamente le exigimos no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las juntas de acción comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial. Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas. La legitimidad no la lograrán violentando a la gente, al contrario, esta pone en evidencia su ilegitimidad”, agregó la funcionaria.

Finalmente, el comunicado de la Defensoría reiteró el llamado al Gobierno nacional: “Instamos al Gobierno nacional a que continúe exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto del derecho humanitario, especialmente, no involucrar a la población civil en el conflicto armado y la liberación inmediata de niños, niñas y adolescentes reclutados y la suspensión de esta práctica”.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo: