Estos son los nexos criminales de las personas masacradas en finca vacacional de Mesitas, Cundinamarca: microtráfico, homicidio y hurto

Tres personas de una misma familia murieron y otras tres resultaron heridas en una masacre ocurrida el martes 19 de agosto en un centro vacacional de la vereda San Ramón, en Mesitas (Cundinamarca).

El ataque, que según las primeras investigaciones responde a una venganza entre bandas criminales, ha puesto en evidencia los vínculos de las víctimas con actividades ilícitas en Bogotá, especialmente relacionadas con el microtráfico y el robo de valores, según información obtenida por El Tiempo.

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Masacre en Mesitas y la hipótesis de vendetta criminal

El hecho se registró cuando cuatro hombres armados con pistolas calibre 9 milímetros irrumpieron en el lugar y dispararon contra los presentes.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Anguel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años; Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, y Giovanni Javier Chivatá Daza, de 44 años.

Otras tres personas, Jhon Jairo Vélez Rodríguez (36), Luis Alberto Rodríguez Ardila (68) y Claudia Teresa Rodríguez (49), sufrieron heridas y fueron trasladadas al hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio.

De acuerdo con el reporte preliminar al que accedió al medio mencionado, los atacantes se movilizaban en motocicletas y actuaron de manera coordinada.

Las autoridades locales, encabezadas por el alcalde de Mesitas, Diego López Suárez, sostienen que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre bandas criminales que operan en Bogotá.

López Suárez descartó la participación de grupos armados al margen de la ley que actúan en la región y subrayó que la investigación se centra en organizaciones delictivas vinculadas al microtráfico y al hurto en la capital.

“La hipótesis del múltiple crimen es una vendetta entre bandas criminales que operan en Bogotá”, afirmó el mandatario local en declaraciones recogidas por el medio mencionado.

A medida que avanzan las pesquisas, han salido a la luz los antecedentes judiciales de las víctimas. Chivata Daza, una de las personas asesinadas, figuraba en investigaciones por su presunta pertenencia a una banda dedicada al robo de carros de valores en Bogotá.

Una fuente judicial consultada por El Tiempo detalló que Chivata Daza participó en un asalto en el que se enfrentó a tiros con la Policía, resultando muerto el intendente Erick Joan Cruz Gutiérrez, comandante del CAI de Arborizadora Alta, en hechos ocurridos el 2 de julio de 2019 en el barrio Nueva Candelaria, sobre la Autopista Villavicencio.

Por este caso, Chivata Daza estaba siendo investigado y su situación jurídica aún no se había definido.

Se estableció que Chivata Daza ya había sido condenado el 16 de marzo de 2012 por porte ilegal de armas y uso indebido de uniformes de la Policía, tras un preacuerdo con la Fiscalía que le valió una pena de cinco años de prisión.

Las autoridades también indagan si mantenía vínculos con la banda conocida como ‘Los Avatars’, dedicada al hurto de residencias y fincas en la zona, y si otros miembros de la familia se dedicaban al comercio en San Andresito de Bogotá.

En cuanto a Sol Margarita Morales Lara, otra de las víctimas mortales y suegra de Chivata Daza, fuentes allegadas al caso indicaron en el medio mencionado que era considerada cabecilla de una organización de microtráfico con operaciones en la localidad de Ciudad Bolívar desde hace dos décadas.

Morales Lara acumulaba dos condenas por tráfico de estupefacientes: la primera, dictada el 23 de mayo de 2005, le impuso cuatro años y seis meses de prisión; la segunda, del 16 de noviembre de 2016, ascendió a diez años de cárcel por tráfico de drogas y concierto para delinquir agravado. Ambas penas las cumplió en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá.

La vivienda donde residía Morales Lara, ubicada en el barrio Jerusalén de Ciudad Bolívar y propiedad de su exesposo Luis Alberto Rodríguez (quien resultó herido en la masacre), funcionaba como punto de expendio de drogas.

El expediente judicial revela que en ese inmueble se realizaron incautaciones significativas de estupefacientes en 2007, 2012 y 2013, lo que ha derivado en un proceso de extinción de dominio sobre el predio.