La defensa de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, confirmó que la empresaria e influenciadora fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de la Policía, ubicada en inmediaciones del Parque Nacional, en Bogotá, donde seguirá cumpliendo la condena de prisión que le fue impuesta por instigación al terrorismo tras los hechos ocurridos en 2021.
El abogado Francisco Bernate, representante legal de Barrera, confirmó que la decisión de traslado ya fue ejecutada en la mañana del miércoles 20 de agosto, y que su clienta se encuentra en un espacio diferente al de la cárcel ordinaria.
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Este cambio implica que Barrera ya no estará bajo la custodia de un centro penitenciario del Inpec, sino en una guarnición militar, lo que representa un giro significativo en la forma en que cumplirá su sentencia.
El movimiento judicial y administrativo que terminó en el traslado de Epa Colombia no fue inmediato. De acuerdo con la información conocida por El Tiempo, esta decisión fue antecedida por “meses de conversaciones entre la defensa de Barrera y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el secretario jurídico de Presidencia”.
Adicionalmente, existieron “reiterados llamados del presidente Gustavo Petro, que pedía sacarla de la cárcel”. Esto refleja un interés político y jurídico en el caso, que terminó recibiendo el aval del Inpec y de los ministerios de Justicia y de Defensa para que la condenada permanezca en un establecimiento de la Policía.
Daneidy Barrera fue condenada a cinco años y tres meses de prisión por el delito de instigación al terrorismo, después de los actos de vandalismo cometidos en contra de una estación de Transmilenio durante el estallido social de 2021. El caso ha sido seguido con especial atención por la opinión pública debido a la figura mediática de la empresaria, que alcanzó notoriedad en redes sociales antes de su vinculación judicial.
Sobre la reciente solicitud de su defensa ante el Gobierno
El traslado también está relacionado con una petición del 11 de junio de 2025, cuando el abogado Víctor Mosquera, representante de Barrera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), radicó un documento dirigido al Gobierno nacional en el que solicitaba “buscar mecanismos para la protección de la vida e integridad” de la influenciadora.
La defensa argumentó que el caso debía entenderse en el marco de la “criminalización de la protesta social de 2019”, cuando se produjeron las manifestaciones que llevaron a Barrera a los estrados judiciales. En la solicitud se lee: “Por ello solicito que se autorice, desde la Dirección de Centros de Reclusión Militar y el Inpec, el cupo correspondiente para que mi representada pueda ser trasladada a una unidad militar que cuente con las condiciones de un ERE (establecimiento de reclusión), a fin de cumplir la condena que le ha sido impuesta”.
Este documento buscaba que se aplicaran medidas de protección especiales, aludiendo a las dificultades de seguridad que enfrentaba Barrera en El Buen Pastor por su exposición mediática.
El abogado Francisco Bernate aseguró que, antes del traslado de su clienta, se encontraba en una situación complicada dentro del penal. “El argumento principal es la situación que ella vive en este centro de reclusión, donde por su notoriedad y su visibilidad, ha tenido inconvenientes con compañeras, con la mismísima guardia y realmente creemos que ella no está bien allí”, declaró a Alerta Bogotá.
La defensa insistió en que la permanencia de Barrera en una cárcel de alta densidad no solo la ponía en riesgo, también impedía el cumplimiento de su condena en condiciones dignas. Por esa razón, solicitaron un espacio de reclusión especial bajo la custodia de una unidad militar o policial.
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