Banco de la República alertó sobre alto riesgo y deuda récord con el millonario presupuesto del Gobierno Petro para 2026

Durante el primer día del debate del Presupuesto General de la Nación de 2026, en el que se citó a las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes, que se encargan de asuntos económicos, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, hizo un análisis detallado del proyecto y expuso varios retos estructurales y riesgos fiscales que enfrenta el país.

El presupuesto para 2026 asciende a $556,9 billones, lo que significa un incremento del 5,9% frente al año anterior. De este monto, $454,5 billones corresponden a gasto primario ($365,8 billones a funcionamiento y $88,5 billones a inversión), mientras que el servicio de la deuda alcanza $102,5 billones.

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Al respecto, Villar destacó la importancia de financiar estos gastos mediante ingresos proyectados de $530,7 billones, de los cuales $317,5 billones provienen de ingresos corrientes, y el resto corresponde a recursos de capital, fondos especiales y rentas parafiscales. Resaltó la brecha de $26,3 billones, que deberá cubrirse con nuevas rentas procedentes de una reforma tributaria o Ley de Financiamiento que aún no ha sido aprobada.

En palabras del funcionario, “el proyecto de presupuesto responde a las metas establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el cual contempla la activación de la cláusula de escape prevista para la regla fiscal, lo cual se traducirá en déficits más elevados y mayores niveles de deuda entre los años 2025 y 2027”.

Metas de déficit estructural

Asimismo, advirtió que para recuperar las metas de déficit estructural en 2028 será fundamental adoptar un pacto fiscal que contemple un aumento en los ingresos tributarios y la reducción del gasto inflexible, por lo que planteó que “la programación del PGN de 2026 debería marcar el inicio de una senda de ajuste fiscal que asegure, en el mediano plazo, la sostenibilidad de la deuda pública, la cual, desde la crisis sanitaria de 2020, se mantiene en niveles muy elevados”.

Las proyecciones expuestas estiman que el déficit total del Gobierno Nacional Central en 2026 será de 6,2 % del PIB, y el desbalance primario, de 2,0 % del PIB. Esto elevaría la deuda neta al 63,0 % del PIB. Villar señaló que estas cifras están basadas en un crecimiento económico de 3,0%, un precio promedio del petróleo de USD62,3 por barril y una inflación anual de 3,2%.

En cuanto al gasto primario, resaltó que “es superior en cerca de $18,1 billones respecto al presentado en dicho marco, lo que implica un aumento en las pretensiones de gasto del Gobierno. Este aumento en el gasto primario sería posible gracias a que el gobierno incorpora un recaudo adicional por la reforma tributaria, frente a lo que tenía previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y a que se proyectan menores gastos por intereses de la deuda”. De hecho, los pagos de intereses proyectados se reducirán en $10 billones frente a estimaciones previas.

Naturaleza del gasto público en Colombia

Una parte fundamental de la intervención de Villar fue su advertencia sobre la naturaleza rígida del gasto público en Colombia. “Es importante recordar que varias de las partidas de gasto incluidas en el proyecto obedecen a mandatos constitucionales y legales que condicionan el ejercicio de programación del presupuesto”, afirmó.

Y explicó que ”todo ello determina un componente inercial de gasto que limita la capacidad de reasignación de los recursos del Estado y condiciona la implementación de las medidas de ajuste fiscal y de nuevas prioridades del Gobierno".

Modificación al SGP

También se refirió al incremento de las transferencias territoriales tras el Acto Legislativo sobre el Sistema General de Participaciones aprobado en 2024, por lo que recordó que desde 2027 estos recursos deberán alcanzar el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación. Subrayó el desafío que esto representa, ya que todo aumento de recaudo nacional incrementa de manera automática las obligaciones para los entes territoriales, lo que reduce el margen de maniobra del Gobierno Central.

En este sentido, Villar fue claro y señaló que “en este contexto, adquiere especial relevancia la discusión de un proyecto de ley de competencias que garantice una correspondencia entre los recursos transferidos a los entes territoriales y las funciones efectivamente asignadas.”

Advirtió sobre el riesgo de no hacer los ajustes fiscales a tiempo y dijo que “no realizar los ajustes en el momento oportuno, representa un riesgo para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica y social del país.”

Señaló que las proyecciones de gasto son superiores a lo planeado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo es motivo de alerta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que denunció la ausencia de mecanismos claros de ajuste y posibles impactos negativos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.