Propusieron que Petro saque del Palacio de Nariño la espada de Bolívar tras huida de Carlos Ramón González del país a Nicaragua

La huida de Carlos Ramón González a Nicaragua por su implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) generó una ola de reacciones en el ámbito político colombiano. El presidente de la República, Gustavo Petro utilizó la red social X para desmarcarse de cualquier gestión oficial en favor del exfuncionario.

“El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”. Esta declaración buscó disipar las sospechas sobre una posible intervención estatal para facilitar la salida o el refugio del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que ahora es considerado prófugo de la justicia.

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Frente a la polémica sobre quién era uno de los alfiles más importantes del Gobierno Petro, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, trazó un paralelismo entre la crisis actual y los momentos más oscuros de la historia política nacional.

“Realmente, es deplorable lo que está ocurriendo y estamos hablando, entonces, de la responsabilidad política que, en últimas, devuelve esta página a los peores albores de la democracia, cuando el propio Libertador decía que una de las principales causas de los desastres en los que se ha visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de los fondos por algunos funcionarios”, dijo en diálogo con Semana.

Más allá de la denuncia propuso un gesto simbólico de alto impacto: “Indudablemente, yo creo que llegó la hora de que en nombre del fracaso en la lucha contra la corrupción e impunidad por parte del Gobierno nacional, por el bien de la República y en honor del propio Libertador, el señor presidente [Gustavo Petro] debería devolver, en compañía de la fiscal general de la Nación, la espada de Bolívar a la Casa del Florero o, en su defecto, a la Quinta de Bolívar”. Con esta propuesta, Bustos subrayó la gravedad del momento y la necesidad de asumir responsabilidades políticas ante la opinión pública.

Bustos también insistió en que la corrupción no solo se ha enquistado en las instituciones, sino que ahora “la corrupción se gesta en, y desde, la Casa de Nariño”.

A propósito, dijo que incluso “ desde los altos funcionarios del Estado, se encubre a ellos y se les permite la fuga a otros a países con el silencio, la omisión; en últimas, la responsabilidad política y pública de las instituciones encargadas de administrar justicia, léase Fiscalía General de la Nación, y por supuesto el Gobierno, incluida la Cancillería y la Casa de Nariño en su conjunto”.

Luego de lanzar críticas contra el Gobierno Petro por el presunto apoyo a Carlos Ramón González, el presidente de la instancia que promueve la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública denunció a la excanciller Laura Sarabia, la fiscal Luz Adriana Camargo y los fiscales delegados ante la Corte Suprema María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas, por el reciente escándalo de corrupción al interior de la Ungrd en el caso del exdirector del Dapre.

Los mencionados fueron señalados por la presunta comisión de los delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública y favorecimiento.

“Pablo Bustos Sanchez, en mi calidad de representante y apoderado judicial de la Red de Veedurias de Colombia, RED-VER, como tal, así como representante de víctimas - comunidad PORORU, Sector Murujuy, de la Guajira- me permito, por medio de este escrito, interponer denuncia penal en contra de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, Laura Camila Sarabia Torres en su condición de Ministra de Relaciones Exteriores De Colombia y contra Maria Cristina Patiño y Gabriel Sandoval Vargas en calidad de Fiscales 9 y 11 delegados ante la Corte Suprema de Justicia, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de fraude a resolución judicial, concierto para delinquir, abuso de función pública, favorecimiento y los demás que se llegaren a establecer los hechos de la denuncia”.