Con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, desarticularonn en Colombia red de tráfico de migrantes: entre los capturados hay tres funcionarios

En una operación simultánea interinstitucional liderada por el Gaula Militar y con la participación del CTI de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y el Ejército Nacional se desmanteló una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes y a la falsificación de documentos oficiales.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico), Valledupar (Cesar) y Medellín (Antioquia) y el golpe a esta estructura delictiva dejó un saldo de once personas capturadas, entre ellas, tres funcionarios activos, así como el rescate de tres víctimas extranjeras, según indicó el Ejército Nacional.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la organización tenía presencia en al menos cinco ciudades del país y se especializaba en facilitar el tránsito ilegal de extranjeros por Colombia hacia países de Centroamérica y, finalmente, Estados Unidos.

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Funcionarios implicados en red transnacional de migración ilegal en Colombia

Uno de los aspectos más graves del caso es la implicación de tres funcionarios activos, pertenecientes a entidades estatales encargadas del manejo y expedición de documentos.

Según los hallazgos iniciales, habrían emitido de manera irregular cédulas, pasaportes, registros civiles y otros certificados falsos, permitiendo que los migrantes atravesaran controles sin levantar sospechas.

La Fiscalía General de la Nación no reveló sus identidades por tratarse de un proceso en curso, pero confirmó que la participación de estos servidores podría derivar en nuevas líneas de investigación por corrupción administrativa y favorecimiento al tráfico de personas.

Durante la operación, las autoridades lograron rescatar a dos ciudadanos ecuatorianos y una mujer dominicana, los cuales se encontraban bajo el control de la red. Estas personas fueron puestas a disposición de entidades del Estado encargadas de la atención y protección de víctimas.

Las primeras versiones indican que los migrantes eran contactados en sus países de origen por reclutadores que les ofrecían rutas “seguras” para atravesar Colombia, con destino a Panamá, Nicaragua o México, como parte de su camino hacia Estados Unidos, mientras les cobraban por el servicio ilegal valores que superaban los tres mil dólares por persona.

Además, los migrantes recibían documentación falsa para simular nacionalidad o estatus legal y así evitar ser detectados por las autoridades migratorias.

En los allanamientos, las autoridades incautaron un revólver, munición, un computador portátil y múltiples documentos falsos, que serán analizados por expertos forenses y de inteligencia para determinar la magnitud de las operaciones de esta red, según la información publicada.

La evidencia también permitirá establecer si hubo más funcionarios implicados y cuáles eran los contactos internacionales de la organización.

De acuerdo con fuentes judiciales, la estructura tendría vínculos con redes criminales en República Dominicana, Ecuador y Panamá, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de una pieza clave en el esquema regional de migración irregular.

Los once capturados fueron presentados ante jueces de control de garantías y quedaron a disposición de la Fiscalía, a los cuales se les imputan los delitos de tráfico de migrantes, falsedad en documento público y concierto para delinquir.

No se descartan nuevas capturas en las próximas semanas, así como la extensión de la investigación a otros departamentos del país.

Esta acción, liderada por la Séptima División del Ejército con el apoyo de unidades de inteligencia, hace parte de una ofensiva nacional contra las mafias que lucran con el aumento de los flujos migratorios irregulares en América Latina.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con tráfico de migrantes, en especial en terminales de transporte, pasos fronterizos no habilitados y notarías, donde podrían estar gestionándose documentos falsos.

Con este golpe, el Gobierno reafirma su intención de frenar el avance de redes delictivas que ponen en riesgo la vida de cientos de migrantes y afectan la seguridad nacional.