Procuraduría pidió medidas urgentes para preservar el Cementerio Central de Bogotá tras evidenciar deterioro en bóvedas y espacios comunes

La Procuraduría General de la Nación informó que, en ejercicio de su función preventiva, requirieron a las autoridades distritales y nacionales, suministrar información acerca del estado que conforma el óvalo histórico del Cementerio Central de Bogotá.

Ante esta situación, el Ministerio Público solicitó a las autoridades distritales, para los primeros días de agosto de 2025, la implementación de medidas urgentes orientadas a garantizar la sostenibilidad, restauración y protección de este bien declarado Bien de Interés Cultural, dada su relevancia histórica, artística y simbólica.

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La decisión se tomó debido a que la Procuraduría Primera Distrital, en el desarrollo de la visita de inspección, evidenció el preocupante estado del conjunto de mausoleos, bóvedas deterioradas y zonas comunes sin mantenimiento; a su vez, el descuido de los senderos circundantes y espacios en ruina de los jardines tanto en el pavimento y en la vegetación.

El ente de control constató además el alto grado de deterioro de las tumbas de expresidentes de la República, próceres de la guerra de Independencia, personajes de Estado, connotados militares, escritores y artistas, entre otros.

Se verificó también la ausencia de medidas de seguridad en los sepulcros de la elipse central, lo cual ha facilitado constantes saqueos.

“Hoy este organismo de control encontró un importante avance en el estado del camposanto de la ciudad respecto a la limpieza de los senderos y jardines, la recolección de residuos presentes en el lugar, y la puesta en marcha de un sistema de seguridad para el recinto sagrado”, expresó el Ministerio Público.

La Procuraduría precisó que continuará ejerciendo la vigilancia preventiva sobre este patrimonio de la capital con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Entre las autoridades requeridas por el Ministerio Público están el director general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), Eduardo Mazuera Nieto, la directora de Patrimonio y Memoria en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Ilona Graciela Murcia y la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Consuelo Ordoñez de Rincón.

En diciembre de 2024, la Uaesp lanzó plan que pretendía garantizar el servicio en los cementerios distritales tras finalizar el contrato con Jardines de Luz y Paz.

La entidad distrital emprendió la tarea de implementar un plan de contingencia para asegurar el funcionamiento continuo de los cementerios Central, Norte, Sur y Parque Serafín.

El consorcio Jardines de Luz y Paz había expresado previamente su intención de finalizar el contrato, cuyo valor ascendía a 42.000 millones de pesos. Al terminar el plazo de entrega, la Uaesp inició el proceso de licitación pública para adjudicar la administración, mantenimiento y vigilancia de los cementerios distritales.

La entidad invitó a la ciudadanía a mantenerse informada por medio de los canales oficiales y a reportar posibles irregularidades en los servicios funerarios. Ratificó así su compromiso con la transparencia y la protección de los derechos de los ciudadanos.

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) anunció, mediante un comunicado publicado en su sitio web, la puesta en marcha de un plan de contingencia destinado a mantener la operación regular de los cementerios distritales en Bogotá.

El objetivo principal de este plan fue garantizar la continuidad de los servicios de inhumación, cremación y exhumación, respetando la dignidad de los usuarios y sus familias. Esta medida se implementó mientras avanzaba la selección de un nuevo operador.

Durante la transición, los servicios de destino final estuvieron bajo la responsabilidad directa de la Uaesp, mientras se desarrollaba el proceso competitivo para seleccionar el nuevo administrador de los cementerios distritales, con los estándares de calidad requeridos.

Jardines de Luz y Paz S.A.S., la empresa encargada hasta ese momento, debió entregar formalmente todos los bienes, documentos y registros asociados con la operación en un plazo de cinco días hábiles. Durante este lapso, la Uaesp garantizó de manera directa la prestación de los servicios funerarios.