La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una intervención estatal para revertir la situación denunciada por campesinos de la zona rural del municipio de Jamundí, quienes, al parecer, han sido obligados a pagar extorsiones impuestas por disidencias armadas para la construcción y el mantenimiento de una carretera que conecta el sector de El Descanso con el corregimiento de San Antonio.
De acuerdo con Toro, la carretera que la disidencia la estaría denominando como ‘Marco Fidel Suárez’ será recuperada y puesta bajo gestión pública, con el objetivo de frenar las extorsiones y restablecer la legalidad en la región.
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Según la información difundida, la Secretaría de Infraestructura del departamento asumirá el mantenimiento del tramo San Antonio - Villacolombia, con el propósito de mejorar las condiciones viales y cortar el flujo de recursos hacia los grupos ilegales.
Esta medida busca no solo garantizar la movilidad, sino también proteger a la población de prácticas extorsivas que se han repetido en otras zonas rurales del municipio.
La gobernadora Toro detalló que la intervención estatal replicará acciones previas realizadas en Ampudia y Villacolombia, donde la administración ya había ejecutado obras de mejoramiento en vías terciarias: “vamos a arreglar esta vía terciaria para que sirva al progreso y no a la ilegalidad”, subrayando la intención de que la infraestructura fomente el desarrollo y no se convierta en un instrumento de control para actores armados.
Toro también enfatizó la colaboración con la alcaldesa local, asegurando la disposición de maquinaria y personal para ejecutar las obras necesarias y así fortalecer la conectividad entre El Descanso y San Antonio.
La respuesta institucional no se limita al ámbito de la infraestructura. Las autoridades han incrementado la presencia de uniformados del Ejército Nacional en el corredor vial, con el objetivo de reforzar la seguridad y disuadir nuevas acciones de las disidencias. Este despliegue busca transmitir confianza a la comunidad y respaldar la recuperación de la vía bajo parámetros legales y estatales.
En su intervención, la gobernadora insistió en la importancia de la inversión social y la mejora de las condiciones de vida para los habitantes rurales. Reiteró el compromiso de la administración con la recuperación de la vía y la protección de la comunidad.
“Queremos que la comunidad esté tranquila, queremos que la comunidad tenga inversión social, queremos ayudarle a la comunidad, queremos que la comunidad tenga mejores condiciones de vida, y por eso con la institucionalidad y por eso vamos a recuperar la vía para que la comunidad tenga mejor comunicación”, señaló la gobernadora Toro.
Las autoridades hicieron un llamado explícito a los habitantes para que no cedan ante las extorsiones y denuncien estos hechos ante las instancias competentes.
Extorsiones de hasta 5 millones de pesos para construir la carretera
El 7 de agosto de 2025 se conoció la denuncia sobre integrantes de un grupo armado ilegal vinculado a las disidencias de las Farc que estarían adelantando la construcción de una carretera en áreas montañosas de Jamundí, en el Valle del Cauca, con el propósito de fortalecer rutas empleadas para actividades ilícitas.
Esta vía, que conecta corregimientos como Villa Colombia, La Liberia y Ampudia, ha sido señalada por su posible uso en el transporte de insumos y productos vinculados tanto a la minería no autorizada como al narcotráfico.
“Sabemos todas las exigencias que le han hecho a la comunidad en la zona alta de Jamundí. Tanto es, que para poder salir a hacer la asonada y los secuestros que realizaron de los soldados, les decían que tenían que pagar 5 millones de pesos, porque si no salían atentaban contra ellos”, relató la gobernadora del Valle del Cauca.
Según reportes oficiales, la carretera se extiende hacia la zona del Naya, en el departamento del Cauca, lo que refuerza la hipótesis de que su trazado responde a intereses estratégicos de control territorial por parte del grupo armado. La gobernadora Toro subrayó que estos hechos ya han sido comunicados al Ejército Nacional, la Policía y el Ministerio de Defensa para su análisis y eventual intervención.
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