En medio de las tensiones por el paro minero que persiste en Boyacá, la ministra designada de Ambiente, Irene Vélez, utilizó su cuenta de X para enviar un mensaje enfático, el Gobierno no dará pasos improvisados en la regulación ambiental ni cederá ante presiones que comprometan la protección de los ecosistemas estratégicos.
El conflicto, que movilizó a comunidades campesinas y mineras de la Alta Ladera boyacense, gira en torno a la defensa de sus actividades productivas, muchas de las cuales se desarrollan en zonas cercanas o dentro del área protegida del Páramo del Cocuy. Hasta el momento, las mesas de diálogo han logrado nueve acuerdos, según confirmó la propia ministra.
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A través de un extenso pronunciamiento, Vélez dejó claro que el compromiso del Gobierno de Gustavo Petro es equilibrar la conservación ambiental con el respeto a las comunidades rurales. “Nuestro compromiso es actuar en derecho y respetar el debido proceso en la protección de los páramos y la garantía de los derechos de miles de familias productoras de alimentos y cuidadoras del agua en estos territorios”, expresó.
Sobre el futuro normativo del Cocuy, fue tajante al indicar que, “no vamos a revocar de un plumazo nada, así como no quedará ni un minuto el Páramo del Cocuy desprotegido o desprovisto de un instrumento para su cuidado”, señaló, reafirmando que cualquier ajuste legal debe pasar por los debidos trámites administrativos.
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También defendió la compatibilidad entre producción agropecuaria y conservación, siempre que ambas se desarrollen de manera responsable. “Insistimos en que son compatibles la conservación del páramo y la producción agrícola campesina”, escribió.
Vélez denunció que hoy existen siete títulos mineros traslapados en el área del páramo, lo que impide cualquier flexibilización en la normativa vigente. “No cometeremos el error de entregarle el Páramo a la minería”, dijo, atribuyendo esta firme postura a una directriz del presidente Gustavo Petro y al compromiso del Gobierno con “la vida”.
Por su parte, los mineros organizados en Cundinamarca reiteraron que sus demandas no se limitan al acceso a zonas de explotación. También exigen una revisión profunda del sistema de regalías, reclaman reglas claras para la exportación de carbón y urgen por la formalización de su actividad, que ha sido históricamente excluida del sistema legal.
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En el fondo, el paro refleja una tensión no resuelta entre la transición energética impulsada desde el Ejecutivo y la realidad económica de cientos de comunidades que dependen de la minería artesanal para subsistir. Mientras tanto, las negociaciones continúan, con la promesa del Gobierno de no ceder en la defensa de los páramos, pero tampoco abandonar el diálogo con quienes habitan y trabajan en ellos.
Las pérdidas que deja el paro en Boyacá
Los bloqueos en Boyacá no responden a una sola causa. Esta semana, el departamento enfrenta una doble jornada de protesta que refleja el descontento profundo de comunidades históricamente marginadas.
Por un lado, los pequeños mineros de carbón han cerrado corredores viales clave; por otro, campesinos de zonas de páramo también se han movilizado, alzando su voz contra decisiones gubernamentales que, aseguran, están dejando a sus territorios sin salidas económicas viables ni apoyo estructural.
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Los cierres se concentran en Paipa y Ubaté, pasos estratégicos que conectan a Tunja con Yopal, y a Bogotá con Chiquinquirá, respectivamente. Las protestas comenzaron el lunes 4 de agosto y están lideradas por mineros artesanales que denuncian su exclusión del debate nacional sobre transición energética. Señalan que la hoja de ruta del Gobierno no contempla su realidad productiva, ni plantea alternativas reales de reconversión laboral.
El impacto económico no se ha hecho esperar. De acuerdo con el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, las pérdidas derivadas de la parálisis en la movilidad podrían superar los $6.000 millones diarios. Además de afectar el comercio regional, los bloqueos interrumpen el tránsito de productos agrícolas, servicios de salud y transporte escolar.
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