En medio de un acto de entrega de tierras como parte de la Reforma Agraria en Córdoba, el presidente Gustavo Petro cuestionó que la Corte Constitucional no se haya pronunciado nuevamente sobre la constitucionalidad de la reforma pensional.
El evento, realizado el 8 de agosto y calificado por el mandatario como “trascendental”, reunió a comunidades campesinas beneficiarias, autoridades locales y altos funcionarios del Gobierno. Allí, el jefe de Estado advirtió sobre sectores que, según él, buscan frenar las reformas sociales más importantes de su administración, entre ellas la pensión universal y mejoras salariales para los trabajadores.
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Durante su intervención, Petro resaltó los avances en reducción de la pobreza alcanzados en sus dos primeros años de gestión y advirtió que el último tramo de su mandato será determinante para consolidar esos logros.
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“En la pobreza en general hemos tenido éxitos, más o menos dos millones y medio de personas han salido de la pobreza en los dos años del gobierno hasta finales del 2024. (…) Esperamos que sean más este año y más el año entrante, ya no nos queda sino un año exacto”.

Sin embargo, alertó sobre un escenario adverso en el que se frenen políticas y leyes fundamentales para el programa de Gobierno: “Indudablemente si no pasa nada anómalo y hay gente que quiere que pase, desfinanciarnos, quitarnos las posibilidades, tumbar decretos, tumbar leyes, congelar leyes como la pensional cuando se ha aprobado dos meses en el Congreso de la República. (…) Hablar de ‘fuera y fuera y fuera’, como si fuera delito el haber planteado una reforma agraria de nuevo en Colombia, como si fuera delito el que hubiera una pensión universal para las personas, como si fuera delito el que el trabajador y la trabajadora tuvieran un salario más digno, como si fuera delito defender el territorio”.
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El presidente insistió en que bloquear estas iniciativas equivale a impedir avances en justicia social, señalando que la inacción de la Corte Constitucional frente a la reforma pensional es un vacío que impacta directamente en la viabilidad de la medida.
Esta declaración se suma a una reciente hecha por el primer mandatario en una alocución presidencial del 5 de agosto, en la cual dijo: “Dejen de sabotear la aprobación de la reforma pensional. Y no me refiero a la Corte Constitucional porque la mayoría es racional con el propósito de cuidar la Constitución. Pero no debe haber política en la justicia“.
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Sobre la reforma agraria y la entrega de tierras

El evento en Córdoba tuvo un carácter simbólico y político. Las hectáreas adjudicadas están distribuidas en 12 municipios: La Apartada, Tierralta, Valencia, Pueblo Nuevo, Buenavista, Montería, Chimá, Cotorra, Purísima, Lorica, Sahagún y Planeta Rica.
La entrega de tierras tiene un trasfondo histórico: varios de los predios pertenecieron a reconocidos ex jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, alias Nico, y “Macaco”. Estos terrenos, antes en manos de actores armados y narcotraficantes, fueron recuperados gracias al trabajo conjunto del Gobierno del Cambio y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con apoyo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Fondo de Reparación a Víctimas y procesos agrarios.
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Según la Presidencia, estas tierras representan hoy “una herramienta de reparación, dignidad y desarrollo para comunidades rurales que han vivido el abandono, el despojo y la violencia”,
Para el Gobierno, la conexión entre las reformas sociales y la justicia agraria es central: ambas buscan transformar la estructura económica y social del país, enfrentando resistencias políticas y judiciales que, en palabras de Petro, pretenden frenar el cambio.
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El presidente acudió al evento en compañía de la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; el director de la ANT, Juan Felipe Harman; y otros funcionarios del Gobierno.
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