En Colombia, el tiempo corre más rápido que la ejecución estatal. A un año de que finalice el mandato de Gustavo Petro, los avances en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no logran sostener el ritmo de las promesas. El último informe de seguimiento, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura (USB), sede Bogotá, puso cifras concretas a lo que muchos ya intuían, el país apenas alcanza un cumplimiento del 46,3% del PND, mientras el reloj del Gobierno marca más del 60% del periodo agotado.
La diferencia entre planes y resultados no es solo un problema de tiempos. Es también una alerta sobre la capacidad institucional para cumplir compromisos. “A este ritmo, Colombia llegaría a 2026 con apenas el 68% del plan ejecutado. Eso quiere decir que uno de cada tres compromisos del Gobierno se quedaría en veremos”, advirtió Julio Enrique Duarte, decano de la facultad que elaboró el informe.
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El panorama es desigual. Algunas áreas presentan avances notorios, como Seguridad Humana (64,7%) y Convergencia Regional (60,9%), que marcan un rumbo más dinámico. Pero otros sectores claves parecen estancados. Ordenamiento Territorial apenas llega al 40,5% y programas rurales estratégicos como el Fondo de Tierras (0,71%) o el riego intra-predial (4,1%) muestran un rezago que, más que técnico, es estructural.
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Y el presupuesto, uno de los motores del desarrollo, no parece estar a la altura del plan. Hasta mayo de 2025, solo se había comprometido el 41,2% del presupuesto anual, y la ejecución real rondaba el 30%. En áreas como Trabajo, Agricultura e Inclusión Social, el avance presupuestal ni siquiera alcanzaba el 20%, dejando en evidencia una desconexión entre la asignación de recursos y su ejecución efectiva.
El informe también destacó profundas disparidades regionales. Mientras Antioquia y Bogotá logran superar el promedio nacional de ejecución, departamentos históricamente marginados como La Guajira y Chocó no alcanzan ni el 30%. La promesa de cerrar brechas, al menos por ahora, sigue sin materializarse.
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En medio del rezago general, hay algunas cifras que apuntan a esfuerzos tangibles. En educación superior pública, por ejemplo, se han habilitado 123.400 nuevos cupos, equivalentes al 24 +% de la meta trazada. En el ámbito energético, ya se instalaron 2.031 megavatios de capacidad en fuentes renovables, lo que representa un 66,1% de lo previsto. También se extendió un modelo de salud preventiva en más de la mitad del territorio nacional y se ejecutan proyectos de movilidad eléctrica en Bogotá, Medellín y Cali con resultados visibles.
Sin embargo, estos avances puntuales se ven opacados por la presión fiscal. El déficit proyectado para 2025 alcanza el 7,1% del PIB y la deuda pública llega al 61,3%. Esta carga provocó una caída en las calificaciones crediticias de Colombia por parte de S&P y Moody’s. Y lo más alarmante, el país destina un 137% más al pago de la deuda que a la inversión en obras o programas sociales.
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El empleo también ofrece una imagen ambigua. La tasa de desempleo bajó al 8,6% en junio de 2025, pero el 59% de los nuevos empleos son informales. Además, persisten amplias desigualdades para jóvenes, mujeres y habitantes de zonas apartadas, lo que limita el impacto real de las cifras positivas.
Otro punto crítico del análisis tiene que ver con los beneficios tributarios. Aunque el gasto tributario representa entre el 8,5% y el 8,7% del PIB, el 90% de esos beneficios terminan en manos de grandes empresas. Las mipymes, que son el corazón del empleo en Colombia, apenas participan de estos incentivos, lo que refuerza las asimetrías dentro del tejido productivo.
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A nivel regional, Colombia también muestra rezagos frente a sus vecinos. Las condiciones de acceso al crédito siguen siendo restrictivas, con una tasa de interés de referencia del 9,25% y una inflación que ronda el 4,8%. Esto impacta directamente a pequeños productores y emprendedores, que enfrentan barreras casi insalvables para financiar sus proyectos.
La advertencia final del informe no es menor. Si no se acelera el ritmo de ejecución, la subejecución podría superar los $110 billones. Más allá de las cifras, eso compromete la credibilidad del Estado. “Este bajo nivel de ejecución también daña la imagen del país frente a los organismos internacionales y los inversionistas. La pregunta que queda es: ¿el Estado puede cumplir lo que promete?”, concluyó Duarte.
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Por ahora, las metas siguen en papel y el margen de maniobra se acorta. La recta final del gobierno de Petro enfrenta el reto de traducir planes en hechos. Porque el tiempo, como el presupuesto, también se agota.
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